La Fiscalía ha solicitado penas de entre tres y seis años de prisión para cuatro individuos implicados en una red de tráfico de inmigrantes en Las Palmas de Gran Canaria.

Este caso se llevará a cabo en la Sección II de la Audiencia Provincial el próximo 22 de octubre, donde se les acusará de violaciones a los derechos de ciudadanos extranjeros y falsificación de documentos públicos al facilitar, por un costo, el tránsito irregular de aproximadamente 47 inmigrantes que llegaron a Canarias en patera, así como la obtención fraudulenta de 58 autorizaciones de residencia en España.

Según el escrito de acusación presentado por la Fiscalía Provincial de Las Palmas ante el Juzgado de Instrucción Nº7, la trama incluye a una mujer magrebí, S.B., y uno de sus hijos, Y.M., mientras que otro hijo, A.M., ha evadido la justicia al huir a Marruecos. También se señala a M.S.M. por su implicación en la falsificación de documentos y a E.B.P. como cómplice necesario. Las sanciones que se buscan oscilan entre tres y seis años de cárcel.

Las indagaciones realizadas por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras, así como por la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de Las Palmas, han revelado que esta organización familiar magrebí habría operado entre noviembre de 2021 y julio de 2022, trasladando a inmigrantes irregulares desde Gran Canaria hacia la Península y otros países de la Unión Europea.

Las informaciones apuntan a que S.B., quien tiene un estatus regular en España, lideraba la operación al contactar con organizadores en Marruecos para facilitar la salida de pateras y la posterior fuga de los inmigrantes de las islas.

Una vez que los viajeros pagaban por el servicio, la red registraba sus datos personales para recogerlos en el Centro de Atención Temporal de Inmigrantes (CATE) de Barranco Seco o en los hoteles donde el Gobierno de Canarias los hospedaba.

Posteriormente, estos individuos eran alojados en viviendas de Las Palmas y Arucas, a quienes se les proveía con ropa y pasajes, e incluso se les daba orientación para falsificar solicitudes de asilo, sugiriendo motivos inventados para evitar su deportación.

Adicionalmente, se ha confirmado que la red habría facilitado la fuga de menores de centros de acogida, proporcionándoles documentos adulterados para su viaje.

Los investigadores también han relacionado a M.S.M. con el establecimiento de un segundo esquema, destinado a facilitar residencias legales mediante la falsificación de documentación, con un costo de al menos 4.000 euros por persona.

Con la colaboración de E.B.P., este individuo manipulaba certificados de nacimiento y empadronamientos para crear la apariencia de vínculos familiares con ciudadanos españoles, logrando así la regularización de al menos 58 inmigrantes.

La Fiscalía ha señalado que M.S.M. participaba en la entrada ilegal de ciudadanos marroquíes y mauritanos a España, a quienes previamente ayudaba a obtener permisos de residencia de manera fraudulenta.

Además, se ha descubierto que él mismo, o a través de un abogado, presentaba documentos falsificados, como certificados del registro civil que hacían pasar a estas personas como hijos de ciudadanos españoles o manipulaban certificados de empadronamiento.