El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, se encuentra bajo investigación por presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
MADRID, 6 May.
Domínguez ha decidido no declarar ante la Fiscalía Europea en el 'caso mascarillas', donde se investigan los cuatro millones de euros pagados durante la pandemia a una empresa por un millón de mascarillas que nunca fueron recibidas.
Según fuentes jurídicas, Domínguez ha optado por no declarar alegando que no se le ha proporcionado toda la información relevante de la causa.
El exdirector del SCS renunció a su cargo en noviembre de 2022, luego de dos años durante el Gobierno autonómico del socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
El foco de la investigación del Ministerio Público europeo se centra en el pago anticipado de cuatro millones de euros a la empresa RR7 United por mascarillas que nunca llegaron a su destino. Estas mascarillas fueron destruidas en el puerto de La Luz tras ser descubiertas como falsificadas.
A raíz de una querella de la Fiscalía Anticorrupción de Las Palmas, la Fiscalía Europea está investigando a Domínguez, al administrador de RR7, Rayco González, por estafa agravada y blanqueo de capitales, y a la exdirectora general de Recursos Humanos del SCS, Ana María Pérez, por prevaricación.
En marzo pasado, la Fiscalía Europea levantó el secreto de las actuaciones y solicitó ayuda a delegaciones en Italia, Bélgica y Reino Unido para obtener más información sobre el caso y esclarecer las circunstancias de la operación.
Durante la investigación, la UDEF señaló la posible implicación de otras personas, incluyendo la esposa de Rayco González y la empresa Yilhal Import and Export, representada por Ishan Mahmoud Mohammed Al Sabbagh, un intermediario con sede en Londres.
Por tanto, las fiscales europeas solicitaron ampliar la autorización para analizar las comunicaciones entre los involucrados, así como archivos de imágenes, audio, video y documentos en los teléfonos analizados por la UDEF.
Aparte de este caso, la Fiscalía Europea también examina cuatro contratos del Servicio Canario de Salud por un total de 12,3 millones de euros en el marco del 'caso Koldo'.
La Audiencia Nacional está investigando una serie de contratos, incluidos cuatro contratos de Canarias, relacionados con fondos europeos y comprendidos en el ámbito de competencia de la Fiscalía Europea.
Además, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Las Palmas de Gran Canaria está investigando una querella presentada por la Fiscalía Provincial contra cuatro empresarios por presuntos delitos fiscales relacionados con la venta de material sanitario al Servicio Canario de Salud por 22,9 millones de euros durante la pandemia.
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