Las Palmas de Gran Canaria, 5 de noviembre. En una manifestación de creciente descontento, los sindicatos USPB, CSIF, CCOO, UGT y SPPLB han declarado un conflicto laboral entre la Policía Local y los Agentes de Movilidad del ayuntamiento de la capital grancanaria. Este acontecimiento se produce ante lo que consideran una alarmante "situación de precariedad y de gestión" dentro del cuerpo policial, que se traduce en una decisión firme de no participar en los refuerzos de servicios extraordinarios en el futuro cercano.

Según han detallado los representantes sindicales, esta medida se justifica por un "aumento" significativo de la carga laboral que enfrenta una plantilla que actualmente presenta "casi 200 vacantes". Este déficit de personal, afirman, no es resultado de un simple proceso administrativo, sino que se agrava por las jubilaciones y la fuga de efectivos que buscan oportunidades en otras administraciones a través de oposiciones o concursos de traslado.

Los sindicatos han exigido una mejora sustancial en el servicio y en las condiciones laborales del cuerpo policial, demandando la implementación de "mínimas garantías" de seguridad y la creación de incentivos en productividad. Esta petición se extiende a los turnos de fines de semana y noches, así como a aquellos que representan jornadas más difíciles y eventuales.

Además, los representantes de los agentes abogan por una negociación "efectiva" con los miembros de la corporación municipal que posean la capacidad necesaria para resolver estos conflictos. En particular, instan a que sea la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien tome las riendas de dichas negociaciones en su calidad de máxima responsable del cuerpo policial, tal y como estipula la normativa vigente.

El comunicado resalta que la declaración de conflicto laboral es el primer paso que toma el colectivo, que ha decidido "no realizar refuerzos de servicios extraordinarios en adelante y de forma indefinida". Esta decisión busca impulsar la búsqueda de soluciones y el fomento del diálogo abierto que lleve a un acuerdo aceptable para ambas partes.

Para intensificar sus demandas, los sindicatos han anunciado la organización de protestas y manifestaciones durante los plenos municipales, así como la intención de judicializar "todo" lo que el equipo de gobierno lleve a la mesa de negociación de manera unilateral, lo que subraya la seriedad de sus reivindicaciones.

Entre las peticiones específicas se encuentra la negociación de la instrucción horaria para el periodo 2025-2029, que debería ajustarse más a las exigencias del trabajo policial operativo, buscando un equilibrio adecuado entre la función policial y la necesaria conciliación familiar, especialmente relevante dado que la normativa anterior ya ha caducado desde 2021.

Asimismo, reclaman el pago de las horas extraordinarias, que afirman llevan sin ser abonadas desde diciembre del año 2023, así como el abono de horas de productividad en un plazo de tres meses posteriores a su realización. Los sindicatos también solicitan incentivos por productividad durante los fines de semana y en turnos nocturnos.

Entre las solicitudes más críticas destaca la necesidad de finalizar la convocatoria de las 45 plazas de empleo y la oferta de otras 50 para el año 2025, así como la promoción interna para los Agentes de Movilidad con el fin de paliar el déficit de personal en la Policía Local.

Además, demandan una regulación clara en cuanto a la entrada y salida de las unidades, así como el derecho a la movilidad horizontal, en ausencia de un reglamento que lo apoye. También exigen cambios en la Relación de Puestos de Trabajo (R.P.T.) que incluyan un aumento en los niveles del Cuerpo de Destino y otros Complementos Específicos por Peligrosidad.

Finalmente, los sindicatos refrendaron su necesidad de contar con medios materiales y técnicos adecuados, instalaciones policiales mejoradas, así como una galería de tiro y una comisión informativa dedicada a contratos y adquisiciones. Critican, además, el incumplimiento del plan anual de contratación y la falta de formación específica para la Policía durante el año 2024, lo cual incluye sesiones de prácticas de tiro, así como una resolución efectiva de las solicitudes de conciliación familiar.