El Gobierno de Canarias ha puesto fin a la idea de implementar una tasa turística y, en cambio, se ha abierto a considerar excepciones relativas al crecimiento poblacional ante la Unión Europea. Esta decisión se enmarca dentro de las discusiones de la comisión de reto demográfico que inició su labor en la anterior legislatura.

En el día de ayer, la comisión aprobó su dictamen, apoyado por los partidos que sostienen al Gobierno, entre ellos Coalición Canaria (CC), el Partido Popular (PP), Agrupación Socialista Gomera (ASG) y Alternativa Sí Podemos. Por su parte, PSOE y Nueva Canarias han decidido abstenerse y planean presentar un voto particular, mientras que Vox se opuso firmemente a la propuesta.

El presidente de la comisión, Casimiro Curbelo, indicó en una conferencia de prensa que el dictamen será presentado al Pleno de la Cámara para su aprobación. Este documento servirá como base para el diseño del futuro de las Islas Canarias, enfocándose en la planificación que se debe adaptar a las particularidades de cada isla.

Entre las principales recomendaciones del dictamen se destacan la simplificación de procesos burocráticos para facilitar la inversión y la construcción de viviendas, así como la evaluación de estrategias para controlar el crecimiento de la población en las islas más concurridas, tocando un tema sensible en el ámbito social.

El documento subraya que "la cuestión no es cuántas personas pueden vivir en Canarias, sino cuántas queremos que habiten y bajo qué circunstancias". Desde el año 2000, la población del archipiélago ha crecido en aproximadamente 575,000 personas, destacando aumentos significativos en Fuerteventura y Lanzarote, donde las cifras reflejan incrementos del 186% y 111% respectivamente.

Los grupos también han propuesto regular el alquiler vacacional, señalando su impacto desestabilizador en el mercado de vivienda. Además, abogan por un Plan de Infraestructuras Verdes que salvaguarde el medio ambiente y minimice el impacto del turismo, así como mejoras en la gestión del agua y la energía, priorizando la eficiencia y la sostenibilidad.

El desarrollo de economías azul, verde y circular también se menciona en el dictamen, al igual que el fomento de la reindustrialización y el apoyo a las pequeñas y medianas empresas locales. Mejorar la conectividad entre las islas y promover el uso del transporte público son otros puntos destacados.

Curbelo destacó que el reto demográfico varía entre las islas y expresó su apoyo a la regulación del alquiler turístico, asegurando que esto beneficiaría tanto a los residentes como a la calidad del mercado de vivienda. También sugirió que se explore la fundamentación ante la UE para limitar la compra de propiedades por parte de no residentes, indicando que esta medida debería ser equilibrada y estudiada a fondo.

En cuanto al sector turístico, se ha rechazado la idea de una tasa turística, defendida por los partidos de la oposición, optando en su lugar por la posibilidad de establecer tarifas por el uso de servicios y accesos a espacios naturales. Curbelo también hizo un llamado a replantear el sistema de financiación autonómica, argumentando que es fundamental fomentar la igualdad de oportunidades en todo el archipiélago.

Aunque ha reconocido que no habrá una descentralización en Canarias, considera que es viable implementar políticas fiscales que puedan beneficiar a diversas islas, similar a los beneficios fiscales en La Palma tras la reciente erupción volcánica.

El presidente del Cabildo de La Gomera subrayó que el turismo, con alrededor de 18 millones de visitantes y una generación de ingresos de 22,000 millones de euros, es una actividad económica clave. Ante esto, rechazó la noción de "turismofobia" en las islas, aunque apoyó las demandas de mejoras salariales para el sector. Curbelo concluyó señalando que planificar el futuro del archipiélago requiere la colaboración de todos los sectores y una visión a largo plazo, de 30 a 40 años adelante.