Clavijo mantiene la reclamación por la cogestión de aeropuertos en Canarias

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reiterado la intención de la comunidad autónoma de seguir luchando por la cogestión de los ocho aeropuertos del archipiélago. La medida busca que las decisiones sobre infraestructuras y tasas sean tomadas también por las autoridades regionales, en línea con el marco del Estatuto de Autonomía.

Este planteamiento se enmarca en un contexto en el que Aena, gestionada mayoritariamente por intereses privados, controla la red aeroportuaria. La comunidad canaria considera que la privatización ha priorizado la rentabilidad sobre el interés público, afectando decisiones que impactan directamente en la economía y el turismo de las islas.

La reivindicación de la cogestión tiene implicaciones políticas y económicas importantes. Permitir a Canarias participar en la gestión facilitaría una mayor autonomía en decisiones clave, como la política tarifaria y la inversión en infraestructuras. Además, evitaría que los cambios en tasas aeroportuarias se comuniquen por los medios, protegiendo la planificación del sector turístico.

Desde que se privatizaron los aeropuertos, la postura de Aena ha sido contraria a la participación regional en la gestión. Clavijo señala que la privatización responde a criterios de rentabilidad, pero advierte que ello no debe comprometer el interés general y el bienestar de las islas. La tensión refleja un debate sobre la gestión de bienes públicos en el contexto de la descentralización autonómica.

El panorama político en Canarias ha vuelto a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la autonomía en áreas estratégicas. La postura del gobierno regional podría influir en futuras negociaciones y en la posible modificación del modelo de gestión aeroportuaria, en línea con las reivindicaciones de otras comunidades como Cataluña o el País Vasco.

En el contexto actual, la insistencia de Canarias en la cogestión de sus aeropuertos representa un reto político y económico que puede marcar el rumbo de la descentralización en la gestión de infraestructuras públicas. La tendencia apunta a un mayor control regional en decisiones clave que afectan directamente a la economía y el interés general.