La investigación denominada ‘Tabaiba’ ha culminado este 25 de octubre en Las Palmas de Gran Canaria con la imputación de varios individuos en un escándalo de malversación de fondos europeos destinados a la atención de menores extranjeros. Esta operación ha llevado a la justicia a señalar a cuatro directores de centros de acogida de menores no acompañados en Gran Canaria y Lanzarote, un empresario del sector inmobiliario y a la fundación responsable de gestionar dichas instalaciones.

El origen de las pesquisas se remonta a un informe elaborado por el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), que alertó sobre múltiples transacciones financieras sospechosas. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional de Canarias tomó la iniciativa en 2022 para investigar a fondo estas sospechas que involucraban la gestión de los centros de acogida.

Con la intervención de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, el caso fue catapultado hacia un examen más exhaustivo. En un proceso que ha durado tres años, se ha seguido el rastro del dinero que indicaba el uso indebido de los fondos europeos ‘‘Next Generation’’ que estaban destinados a la manutención de los menores.

El análisis de las cuentas ha desvelado que más de 1.600.000 euros habían sido canalizados hacia la fundación, de los cuales, más de 1.100.000 euros fueron retirados en efectivo de manera fraccionada. Además, se ha identificado que se realizaron transferencias inusuales a cuentas personales y que se cargaron gastos personales a las cuentas del centro, lo que incluye cosas tan desproporcionadas como tratamientos estéticos y vacaciones.

La situación se agravó cuando las cuentas bancarias fueron cerradas por el banco, debido a las irregularidades señaladas en su funcionamiento. Posteriormente, la fundación involucrada trató de justificar estos movimientos al entregar una cantidad significativa de documentos contables. Sin embargo, la revisión policial de estos documentos reveló inconsistencias graves, como facturación duplicada y operaciones sin una clara identificación, que apuntaban a una manipulación para ocultar el desvío de los fondos.

La necesidad de una auditoría financiera fue entonces solicitada por los investigadores para poder establecer con precisión la cantidad de dinero malversado. A lo largo de la investigación se descubrieron prácticas fraudulentas en los alquileres de los inmuebles donde se alojaban los centros, donde el empresario propietario había utilizado empresas ficticias para alquilar los lugares a precios exorbitantes, sumando un sobrecoste de más de 1.300.000 euros entre 2021 y 2023.

Las pruebas recogidas por la fiscalía sugieren que los fondos malversados fueron redirigidos a diversas cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando un patrón de blanqueo de capitales. De esta manera, se ha llevado a la imputación de los cuatro directores de los centros, el empresario de la inmobiliaria y la fundación implicada en el escándalo.

A pesar de que todos los imputados, cuyas edades oscilan entre los 31 y 61 años, carecen de antecedentes, las investigaciones judiciales están lejos de concluir. Las autoridades confían en que los hallazgos proporcionen una imagen clara sobre el impacto económico que este presunto desvío de fondos ha tenido sobre los recursos europeos y públicos involucrados.