En Santa Cruz de Tenerife, el 13 de enero, la consejera de Bienestar Social del Gobierno de Canarias, Candelaria Delgado, ha hecho un llamado urgente al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, instándole a que tome un papel activo en la búsqueda de plazas para menores migrantes en las diversas comunidades autónomas del país.

Delgado expresó su frustración ante los medios tras una reunión sobre el traslado de menores solicitantes de asilo, señalando que las decisiones de reubicación llegan sin que haya una garantía de plazas disponibles en los destinos asignados. "No podemos convertirnos en la 'policía' de las regiones receptoras", enfatizó la consejera, subrayando la necesidad de una colaboración más eficaz.

Ante esta situación, ha solicitado al Ministerio de Política Territorial que inicie un diálogo efectivo con las comunidades autónomas para garantizar la apertura de plazas antes de que se realicen los traslados. "Es crucial que se asegure la disponibilidad de espacios para reubicar a estos menores antes de emitir cualquier resolución", afirma Delgado.

En su discurso, pidió también que el ministerio mantenga una actitud de "lealtad institucional" similar a la que ha demostrado el Gobierno canario, rechazando así las acusaciones dirigidas hacia Canarias por problemas que no ha causado. "Si queremos ser justos, hay 521 menores que deberían haber sido trasladados ya, pero la falta de agilidad en la gestión estatal lo ha impedido", expuso.

La directora general de Infancia y Familias, Sandra Rodríguez, añadió que, si bien el sistema está diseñado para proteger los derechos del menor, esta misma protección ha retrasado los procesos. Aclaró que Canarias cumple con el plazo de cinco días para enviar a los menores, pero la burocracia a nivel estatal sigue frenando los traslados.

Rodríguez resaltó la importancia de considerar a cada menor como individuo con su propia historia y no simplemente como un número en un expediente. En la actualidad, Canarias tiene bajo su tutela a 4.389 menores migrantes no acompañados, de los cuales 3.979 permanecen en las islas, mientras que 410 han sido ya trasladados a la Península.

De acuerdo a cifras proporcionadas por el Gobierno de Canarias, se han logrado trasladar 410 menores bajo protección internacional, y mediante procesos rápidos, 106 han sido reubicados. Sin embargo, otro dato alarmante es que de los 560 expedientes enviados para su revisión, solo se han dictado 269 resoluciones finales.

Rodríguez se cuestionó por qué aún se necesitan más plazas, cuando hay casi 300 expedientes pendientes de resolución, asegurando que el Gobierno canario continúa enviando documentos diariamente. También recordó que 99 menores han optado por renunciar a su derecho a protección internacional al rechazar ser trasladados a centros de acogida en Gran Canaria, que se encuentran en condiciones precarias.

Asimismo, actualmente hay 85 menores en el Canarias 50, 28 en Casa del Mar y 54 en el Colegio León. Desafortunadamente, 96 menores han recibido resoluciones desfavorables en sus solicitudes de asilo. Rodríguez concluyó indicando que los traslados se están efectuando muy lentamente debido a la falta de plazas en las comunidades autónomas, y que el estado no ha proclamado una emergencia migratoria que facilite el proceso.

Insistió en que, sin una financiación adecuada y sin negociaciones efectivas entre el Ministerio de Política Territorial y las comunidades, Canarias no puede simplemente enviar a los menores a lugares donde no existen las plazas necesarias. "Estamos hablando de menores, no de objetos", declaró con firmeza.