SANTA CRUZ DE TENERIFE, 14 de noviembre. En un preocupante informe presentado por la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, se ha revelado que en los primeros diez meses de este año se han registrado un total de 459 agresiones dirigidas a los profesionales sanitarios. Este dato, según está administración, indicaría una presunta "ralentización" de un fenómeno que ha sido motivo de creciente alarma social.

Durante una comisión parlamentaria, la consejera de Sanidad, Esther Monzón, expuso que la tendencia, aunque sigue siendo inquietante, podría concluir con un panorama más favorable. Al cierre de 2023, se espera que el número total de agresiones se sitúe en 443, lo que representaría un incremento del 3,01% en comparación con el total nacional. La consejera se mostró optimista, sugiriendo que los números pueden estar indicando un cambio en esta siniestra dinámica.

Monzón no ocultó su preocupación ante el hecho de que los profesionales de la salud sean objeto de agresiones en el ejercicio de su labor. Para abordar esta grave situación, se ha implementado un registro en la Dirección General de Recursos Humanos, que tiene como finalidad clasificar todas las formas de agresiones, tanto físicas como verbales, que se comunican internamente.

Con el fin de salvaguardar la integridad de los trabajadores, la consejera enumeró las diversas medidas que su departamento ha puesto en marcha. Entre ellas destaca el desarrollo del Plan de Prevención de Agresiones destinado a los profesionales del Servicio Canario de Salud. Este plan incluye un registro de incidentes y un "mapa de riesgos" que permite identificar los centros de salud más vulnerables, donde se podrían implementar estrategias de prevención específicas para reducir el número de sucesos lamentables.

En un esfuerzo adicional por proteger a los profesionales, se mantiene una colaboración activa con el Consejo Canario de Colegios de Abogados. Gracias a esta cooperación, los trabajadores tienen acceso gratuito a asesoramiento jurídico, lo que les permite gestionar las situaciones legales que se presenten "sin carga económica adicional", un aspecto que sin duda representa una mejora importante en su protección.

Además, cada denuncia recibida es automáticamente remitida a la Fiscalía Provincial así como a la Policía Nacional y la Guardia Civil, asegurando así un seguimiento riguroso e íntegro de cada caso, un paso necesario para garantizar que las agresiones no queden impunes.

La consejera también informó sobre la implementación de un curso de prevención de agresiones, que tiene como objetivo favorecer un ambiente laboral y asistencial más seguro en el ámbito de la Atención Primaria. Para acompañar estas iniciativas, el presupuesto destinado a este sector crecerá el próximo año en 1,4 millones, lo que podría constituir un aliciente para reforzar la seguridad laboral.

Jesús Ramos, del grupo ASG, destacó en la misma comisión que los enfermeros son los profesionales más afectados por estas agresiones, subrayando que este problema no se limita a un solo entorno laboral, sino que abarca tanto hospitales como centros de salud. Ramos instó a que todas las agresiones sean denunciadas, enfatizando que sólo así se podrá diseñar una "acción integral" que atienda el problema de manera eficaz y exhaustiva.

Finalmente, hizo un llamado a aumentar la transferencia de especialistas a las islas periféricas, en lugar del enfoque inverso. Alertó que a menudo los pacientes llegan "agotados" tras largos desplazamientos, lo que puede incrementar la tensión y propiciar que surjan discrepancias en el trato. Una medida que, sin duda, podría contribuir a reducir las tensiones entre pacientes y profesionales de la salud, y mejorar la atención generalizada en el archipiélago.