En un reciente anuncio, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, ha dejado claro que la imposición de un impuesto turístico no será considerada, ya que podría afectar negativamente a los residentes del archipiélago. De León subrayó que el Ejecutivo regional no tiene la intención de incrementar los impuestos que ya soporta la clase media trabajadora de las islas.

Durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno del Ejecutivo canario, la consejera expuso que, de implementarse un impuesto turístico, no sería factible excluir a los residentes de Canarias del mismo. Este punto de vista se refuerza por la convicción del Gobierno de que no desea cargar a los trabajadores locales con impuestos adicionales, especialmente no por el simple hecho de que estos hagan uso de los recursos turísticos de su propia tierra.

La consejera enfatizó la postura del Gobierno, indicando que se han dado cuenta de que las decisiones tributarias no deben perjudicar a la clase media. Más bien, enfatizó la necesidad de garantizar que la carga fiscal no recaiga sobre aquellos que más contribuyen al mantenimiento de la economía local.

Además, de León señaló que existen diversas sentencias del Tribunal Constitucional que respaldan esta postura, remarcando que intentos anteriores por parte de la comunidad autónoma de gravar a los residentes canarios a través de distintos tributos han sido rechazados enérgicamente, ya que el Constitucional determinó que los canarios no deberían ser penalizados con un impuesto turístico.

En relación a las discusiones mantenidas sobre los retos demográficos y la fiscalidad, la consejera afirmó que en ninguna ocasión los expertos propuestos sugirieron la implementación de un impuesto turístico como una medida viable para Canarias, lo que destaca una clara falta de consenso en este ámbito.

A pesar de rechazar el impuesto turístico, De León abrió la puerta a evaluar la posibilidad de introducir ecotasas que beneficien específicamente a los espacios naturales protegidos. Aclaró que esas tasas podrían generar beneficios directos para los entornos naturales; sin embargo, insistió en que un impuesto turístico conllevaría un aumento en la carga fiscal para los canarios, perjudicando especialmente a las islas menos pobladas y a las Islas Verdes, donde los canarios constituyen su principal mercado emisor.

Por último, la consejera critico la visión defendida por Nueva Canarias y el Partido Socialista sobre un impuesto turístico que, según su opinión, no sería finalista. Esto se debe a que, como ha ocurrido en otras comunidades autónomas, los ingresos generados irían a una bolsa común que carecería de un vínculo directo con los propósitos iniciales que inspiraron su implementación y que no estaría alineada con los beneficios que esperaban los ciudadanos.