El archipiélago cerró el ejercicio con 2.306 personas fallecidas en lista de espera y 6.000 personas más atendidas.

SANTA CRUZ DE TENERIFE/MADRID, 11 Mar.

El 'limbo' de la dependencia --personas con prestaciones reconocidas pero que no la reciben-- bajó el año pasado un 14,5% en Canarias --2.073 personas-- si bien sigue siendo la más alta del país con una tasa del 26,5% y 12.165 personas, según el XXIV Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

Hasta 2.306 personas fallecieron en lista de espera sin ser atendidas y se incrementaron en 6.000 los dependientes atendidos, un 17,29% más que en el ejercicio anterior y muy superior al 7,49% efectuado por la media del resto de comunidades.

Asimismo, la aplicación del plan de choque, en el que el Estado invirtió 32,5 millones, ha generado 1.300 nuevos empleos.

Canarias cerró el ejercicio con 7.292 nuevas prestaciones, de las cuales el 40% las destinó a prestaciones económicas (PECEF) y el 27% a PEVS (prestaciones por servicio).

Estas últimas ocupan ya el 30,4% de la cartera de servicios canaria --frente al 11,04% nacional-- dando atención a más de 13.962 personas dependientes que son atendidas con un coste medio mensual de 343,22 euros mensuales en los subtipos de atención residencial y Ayuda a Domicilio.

Los costes directos del sistema estimados por la gestión de las prestaciones y servicios durante el año 2023 se elevaron a un total de 261,59 millones de euros, de los cuales el 47% corrió a cuenta de la comunidad autónoma, el 33,3% del Estado y el 19,6% del usuario.

El informe precisa que de seguir el ritmo de crecimiento interanual aún se tardaría cinco años en atender a las 12.165 personas dependientes que se hallan en el limbo de la dependencia.

Además, 10.193 personas que han solicitado valoración se encuentran a la espera de una resolución de grado.

Canarias mantiene todavía porcentajes muy bajos en servicios fundamentales como la teleasistencia (5,6%) y una casi inexistente directa de ayuda a domicilio (1,5%) si bien hay que tener en cuenta las 9.328 PEVS que se destinaron a realmente al subtipo de 'Ayuda a Domicilio'.

El promedio de gasto público por persona dependiente en Canarias (4.768,2 euros) se vuelve a alejar de la media nacional --6.103,4 euros-- con un diferencial del -21,9% y desciende un año más, una distancia que crece más desde el año 2021.

El gasto público por habitante (84 euros) aumenta, pero mantiene más de 91 euros de diferencia (-52%) como consecuencia de la exigua tasa de cobertura que aún sigue arrojando Canarias de 18,69 PIAS por cada 1.000 habitantes, la peor del país, frente a la media nacional situada en 29,74.

A nivel nacional, casi 180.000 (179.244) personas están a la espera de recibir atención a la dependencia, 21.008 menos que en 2022, y 40.447 fallecieron esperando en el último año.

Además, advierte de que al ritmo del pasado año se tardaría 8,5 años en lograr la plena atención.

Según se desprende del documento consultado por Europa Press, son 117.181 las personas que están pendientes de valoración, 14.623 menos que hace un año. Con lo cual, la desatención alcanza a 296.431 personas, 36.671 menos que en 2022.

Además, añade que del 46,2% de las personas desatendidas (82.817) son dependientes con Grados III o II, es decir, tienen necesidades de apoyo extenso y continuado.

Igualmente, muestra que el tiempo medio de tramitación de un expediente es de 324 días, aunque en cuatro comunidades se superan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia y Galicia). Sólo cinco territorios están por debajo o cercanos a los seis meses que establece la Ley como plazo para esta tramitación: las comunidades de País Vasco, Castilla y León, Navarra, Cantabria y Ceuta.

Durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 fallecieron 40.447 personas en la lista de espera de la dependencia, 18.454 personas pendientes de resolución de grado de dependencia y 21.993 sin haber podido ejercer sus derechos derivados de la condición de persona en situación de dependencia.

La asociación advierte de que esto supone que diariamente fallecen más de 111 personas dependientes sin haber llegado a recibir prestaciones o servicios.

Asimismo, el informe precisa que durante el periodo comprendido entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023 se registraron en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia 220.100 personas con solicitud de dependencia fallecidas. De las 220.100 personas fallecidas, el 79,04% tenían más de 80 años, es decir, 173.959 personas.

En todo caso, expone que en el tercer año de despliegue del Plan de Choque para la dependencia se han atendido a 94.429 personas más que en el año 2022, lo que supone 287.636 personas atendidas tras el despliegue del plan de choque.

Por otro lado, los autores del estudio señalan que las prestaciones económicas por cuidados familiares tienen un importe medio mensual de 240,17 euros (percibidas actualmente por 558.234 personas). Por grados, estas cuantías son, de promedio, 157,9 €/mes para los Grado I; 265,2 €/mes para los Grado II y 369,6 €/mes para los Grado III. Todo ello, de nuevo, con importantes diferencias entre territorios.

Asimismo, añaden que la ayuda a domicilio presenta unas intensidades horarias medias de de 33,8 horas al mes, por grados 15,8 horas al mes para los Grado I; de 38 horas al mes para los Grado II y de 57,9 horas al mes para los grandes dependientes. Para estos últimos apuntan que supone dos horas y media diarias de lunes a viernes, lo que consideran "claramente insuficiente". "Son personas que necesitan apoyos de forma permanente", agregan.

Respecto al perfil del cuidador familiar explica que el 73% son mujeres y el 27% hombres, el 28,4% tienen de 16 a 49 años, el 46,9% de 50 a 66 años, el 17,7% de 67 a 79 años, el 6,2% de 80 a 89 años y el 0,9% 90 años o más. Por otro lado, apunta que el 34,4% es hijo/a, el 24,3% madres, el 20,1% cónyuge, el 4,4% hermano/a, el 3,3% padre, el 1,7% yerno/nuera, el 1,8% nieto/a, el 1,4% compañero/a y el 8,5% otras personas.

En este sentido, añade que solamente 77.230 personas (88% mujeres) se encuentran dadas de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales de personas en situación de dependencia de la Seguridad Social, lo que supone un 14,29% del total de las personas cuidadoras.

El informe también expone que han sido nueve las Comunidades que han disminuido en 2022 respecto a 2021 el gasto en la atención a personas en situación de dependencia: Cataluña, Cantabria, Asturias, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Madrid, Castilla y León y Murcia.

En concreto, señala que el coste directo de las prestaciones y servicios entregados durante 2023 asciende a 10.446 millones de euros. De estos, 8.312 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (2.134 millones) lo aportan las personas usuarias en forma de copago regulado (20,4%). Del gasto público directo en dependencia en 2023, la Administración General del Estado soportó el 39,6% y las Comunidades Autónomas el 60,4% restante.

Asimismo, subraya que el Gobierno de España ha cumplido la Disposición Final séptima de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, posibilitando que los asuntos judicializados en materia de dependencia pasen al orden de lo Social.

Sin embargo, indica que el Plan de Choque para la dependencia no ha cumplido con el objetivo de establecer la teleasistencia como un derecho subjetivo del que se beneficiará toda persona con grado de dependencia reconocido que viva en su domicilio. En este sentido, expone que el 64,2% de las personas atendidas en sus domicilios n cuentan con este servicio.