LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 25 de noviembre. En un movimiento que refleja un enfoque proactivo hacia la regulación del turismo, la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León, anunció este lunes en el Consejo de Gobierno que se ha decidido remitir con urgencia al Consejo Consultivo de Canarias el anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas. Este paso es fundamental en el proceso de tramitación de una legislación que busca regular el creciente fenómeno del alquiler vacacional en la región.

Durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo, De León aclaró que, tras la emisión del dictamen por parte de este organismo consultivo, que no será vinculante, el Ejecutivo canario tomará en cuenta las observaciones correspondientes antes de aprobar formalmente el anteproyecto de ley en una futura sesión. Este proceso culminará con la remisión del texto al Parlamento para su consideración como proyecto de Ley.

La nueva Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas tiene como objetivo proporcionar un marco normativo claro para el alquiler vacacional en Canarias. En este sentido, De León subrayó que, al entrar en vigor, no se permitirá la incorporación de nuevas viviendas vacacionales a menos que el planeamiento urbanístico lo autorice expresa y claramente, al menos durante un periodo de cinco años. Esta medida busca contener el crecimiento desmedido de este tipo de alojamientos y preservar la integridad de las comunidades locales.

Además, la consejera enfatizó que la decisión sobre la posibilidad de habilitar estos usos tendrá que ser determinada por los plenos municipales de los 88 ayuntamientos de Canarias, siguiendo un procedimiento que incluirá información pública, justificación adecuada y alineamiento con criterios de sostenibilidad. Este enfoque descentralizado garantiza que la voz de cada comunidad sea escuchada en una cuestión de tal relevancia.

El diseño de la futura legislación también contempla una adecuada reserva de las viviendas para uso residencial, defendiendo el derecho de los ciudadanos canarios a acceder a una vivienda digna y a precios asequibles. De León aseguró que se priorizará la adecuada integración de las viviendas vacacionales en los entornos residenciales, poniendo la calidad de vida de los habitantes por encima de las necesidades del turismo.

En cuanto a los requisitos para iniciar la actividad de alquiler vacacional, la consejera explicó que se mantendrá la figura de la declaración responsable, aunque esta deberá ir acompañada de la documentación técnica pertinente que garantice el cumplimiento de una serie de condiciones de seguridad, salubridad y accesibilidad. Destacó que el nuevo texto legal no introduce cambios en la normativa sobre actividades clasificadas, tal como lo establece el decreto 113/2015.

El anteproyecto además busca proteger a los pequeños propietarios que actualmente gestionan su vivienda de manera legal, permitiendo que continúen haciéndolo indefinidamente una vez que entre en vigor la nueva ley. Sin embargo, esta continuidad no será transmisible a futuros propietarios. En el caso de los explotadores no propietarios, se contempla la posibilidad de que puedan seguir operando durante un periodo inicial de cinco años, prorrogable hasta un total de veinte.

El nuevo marco regulatorio también impedirá la creación de edificios enteros dedicados al alquiler vacacional en áreas de uso residencial. De esta manera, se asegura que las nuevas viviendas que se construyan en los próximos diez años no puedan ser destinadas al uso turístico, garantizando así su uso residencial y preservando la cohesión social en las comunidades locales.

Jéssica de León reafirmó que la meta principal de esta norma es mejorar la calidad de vida de los residentes, asegurándose de que la expansión de las viviendas vacacionales no perjudique a los canarios. Además, anunció que se lanzará un sitio web a partir de este martes, donde los ciudadanos podrán encontrar información detallada sobre los aspectos más destacados de esta nueva regulación (leycanariadeviviendavacacional.com).

Respecto a la responsabilidad de los municipios, De León explicó que deberán presentar un estudio que detalle la capacidad de carga de los servicios para la población, asegurando que estos no se encuentran saturados y tienen la capacidad de soportar a los turistas que se alojan en las viviendas vacacionales. Este estudio debe abarcar fluctuaciones en la vivienda, el suministro de agua, y el impacto en el urbanismo y el medio ambiente, garantizando así una calidad de vida adecuada para los residentes.

Por último, la consejera reveló que desde su llegada al Gobierno canario hace más de un año, el número de licencias de vivienda vacacional ha aumentado de 54,000 a 64,000 declaraciones responsables, aunque actualmente sólo hay 48,000 en comercialización. Esto pone de manifiesto el desajuste existente entre los propietarios que solicitan dicha declaración y los que efectivamente llevan a cabo la actividad. Finalmente, De León expresó su agradecimiento a la FECAI y la FECAM por el esfuerzo conjunto realizado para lograr el mejor texto posible en esta legislación tan necesaria.