En una reciente reunión del Consejo de Gobierno, celebrada el pasado jueves 26 de diciembre, el Ejecutivo canario ha dado un paso significativo hacia la regulación del sector turístico en la región. Se ha aprobado el texto de la futura Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, un tema que ha generado amplios debates y que será enviado al Parlamento regional en los próximos días para su análisis por parte de las distintas fuerzas políticas.

La consejera de Turismo y Empleo, Jéssica de León, ofreció una rueda de prensa en la que manifestó que esta normativa es fruto de un "intenso proceso" de escucha y consulta con diversos actores involucrados en el ámbito turístico. Según De León, desde el inicio de la tramitación de la ley, hace más de un año, se han llevado a cabo múltiples reuniones con representantes del sector turístico, Cabildos insulares, Ayuntamientos, así como con expertos y asociaciones, con el objetivo de recoger sus inquietudes y alcanzar un consenso sólido.

La consejera destacó que el texto de la ley cuenta con el respaldo del Consejo Consultivo, que ha otorgado un dictamen favorable, validando los principios y la estructura de la normativa propuesta. Este hecho refuerza la legitimidad y el trabajo realizado en torno a la ley, que busca establecer un marco claro para la convivencia entre residentes y turistas.

Uno de los puntos más relevantes de esta ley es que impedirá la instalación de nuevas viviendas vacacionales hasta que la planificación urbanística local lo autorice expresamente, lo cual se establecerá por un periodo mínimo de cinco años. Esto significa que los 88 ayuntamientos de Canarias tendrán la autoridad para decidir, a través de sus plenos, las ubicaciones y cantidades de viviendas vacacionales, priorizando criterios de sostenibilidad en sus decisiones.

En el dictamen del Consejo Consultivo se subraya que la ley tiene como prioridad garantizar los derechos de los residentes y mejorar su calidad de vida. En este sentido, se establece que no se podrán destinar las viviendas de nueva construcción al alquiler vacacional en un plazo de diez años desde su construcción, resguardando así el acceso a viviendas en el mercado residencial.

Además, se contempla que la duración de las declaraciones responsables se limite a cinco años, con opción a renovación, y se han incluido algunas observaciones menores que serán incorporadas al texto final que se presentará en el Parlamento. Este proyecto de ley es el primero que el Gobierno ha registrado en esta legislatura, lo cual es un reflejo de su compromiso con la regulación del sector y el bienestar de los ciudadanos canarios.

De León también mencionó que se espera que la ley inicie su tramitación en la Cámara regional cuando se reanude el periodo de sesiones a finales de enero, y el proceso se desarrollará bajo un trámite de urgencia que acortará los plazos establecidos.

El objetivo de esta nueva ley es, según la consejera, proteger el derecho de los ciudadanos a acceder a viviendas dignas y a precios razonables. Con este propósito, se prohíben los proyectos que destinen edificios completos al alquiler vacacional en terrenos de uso residencial. Asimismo, los inmuebles de protección oficial no podrán ser utilizados con fines turísticos, asegurando así su disponibilidad para las familias que más lo necesitan.

El nuevo marco legislativo mantendrá la declaración responsable para el inicio de actividades turísticas, aunque se exigirán documentos complementarios que certifiquen el cumplimiento de normas de seguridad, accesibilidad y salubridad, así como la adecuación a actividades clasificadas sectoriales y turísticas.

Es importante señalar que la nueva ley no introduce cambios en cuanto a las actividades clasificadas, ya que éstas están reguladas por el decreto 113/2015, y no se otorgarán nuevas competencias a los municipios o cabildos en este ámbito.

Por otra parte, la propuesta permitirá a los pequeños propietarios que actualmente operan legalmente continuar su actividad de forma indefinida una vez que la nueva normativa entre en vigor, aunque esta actividad no será transferible. En cuanto a los explotadores que no son propietarios, podrán operar de manera legal durante un periodo inicial de cinco años, con la posibilidad de prórrogas que podrían extenderse hasta veinte años.

Finalmente, Jéssica de León subrayó que las viviendas vacacionales que cumplen con la normativa vigente seguirán siendo legales incluso con la implementación de la nueva ley, lo que asegura la continuidad de operaciones en este sector tan importante para la economía canaria.