En un paso significativo hacia la modernización de la gestión urbanística, el Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde este lunes a un Decreto-Ley que busca acelerar la tramitación de licencias de construcción. Este movimiento responde a la necesidad apremiante de combatir las largas esperas que actualmente enfrentan los promotores y ciudadanos en la obtención de permisos, facilitando así el desarrollo de viviendas en el archipiélago.

La norma, que ha sido concebida por la Consejería de Política Territorial, Aguas y Cohesión Territorial y la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, se ha elaborado en estrecho contacto con sectores involucrados en la materia. El objetivo es claro: reducir el tiempo medio de tramitación de licencias urbanísticas de dos años actuales a solo seis meses, simplificando así un proceso que tradicionalmente ha sido complicado y tedioso.

Una de las innovaciones que introduce este decreto es la colaboración entre el sector público y privado a la hora de emitir los informes técnicos necesarios para las licencias urbanísticas. De ahora en adelante, estos informes podrán ser elaborados no solo por los servicios municipales, sino también por colegios profesionales o entidades acreditadas del ámbito urbanístico, lo que promete diversificar y hacer más eficiente el proceso.

Los ayuntamientos tendrán la opción de encargar estos informes, o los promotores podrán incluirlos en su solicitud de licencia, deberán asumir el coste que, en ningún caso, superará la tasa urbanística del proyecto. Aunque estos informes no tendrán carácter vinculante, su resultado será reconocido de inmediato, lo que significa que en los casos donde el informe sea favorable, podrá reemplazar al informe municipal sin necesidad de su ratificación.

Con este nuevo enfoque, se espera que los ayuntamientos dispongan de más herramientas para actuar de manera eficiente, sin comprometer sus competencias ni el marco legal del procedimiento. En la práctica, esto debería permitir que cualquier promotor logre obtener la licencia de construcción en un plazo significativamente más corto.

Además, el Gobierno tiene planes de impulsar este decreto-ley con estrategias de apoyo específicas para aquellos municipios que enfrentan desafíos demográficos, que serán lanzadas junto con la Oficina Virtual del Reto Demográfico. Esto refuerza el compromiso del Gobierno de no solo acelerar los procesos, sino también de atender las necesidades sociales de la población.

Esta norma complementa una serie de medidas previamente aprobadas en febrero de 2024 enfocadas en la vivienda, incorporando nuevas herramientas que fomentan la creación de viviendas asequibles, reutilizando suelos para uso residencial y permitiendo la anticipación en la edificación de viviendas protegidas. Todo ello se alinea con la regulación de áreas de mercado residencial tensionado, lo que fortalece el cumplimiento de la Ley estatal por el derecho a la vivienda.

Como parte del programa de vivienda asequible incentivada, Canarias se convertirá en la primera comunidad autónoma en implementarlo, otorgando beneficios urbanísticos y fiscales a aquellos promotores que cumplan ciertos criterios. Esto está destinado a apoyar especialmente a la clase media, quienes a menudo se ven excluidos de otras ayudas habitacionales.

La puesta en marcha de esta normativa, que se oficializa tras su publicación en el Boletín Oficial de Canarias, responde a una necesidad imperiosa de que los trámites urbanísticos se realicen en tiempos razonables. Esto no solo beneficia los derechos de los ciudadanos, sino que también permite reactivar la economía local.

El consejero de Vivienda, Pablo Rodríguez, ha resaltado que esta administración es la que más iniciativas ha implementado para abordar los problemas de acceso a la vivienda, citando ejemplos de éxito en comunidades como Madrid y Valencia. Rodríguez ha brindado una perspectiva preocupante sobre la situación del colapso administrativo, señalando que en un municipio de Gran Canaria con 100,000 habitantes, solo hay un técnico encargado de validar las licencias. Esta situación resalta la urgencia de las reformas emprendidas por el Gobierno canario.