La Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha lanzado un urgente llamado a que la reducción de la deuda de las comunidades autónomas sea dirigida hacia la inversión en políticas sociales.

En un análisis sobre el impacto del gasto en estas políticas, se revela que Canarias se posiciona como la segunda comunidad autónoma que más ha incrementado su inversión en servicios sociales, alcanzando un impresionante 35,5% entre 2019 y 2024, lo que equivale a 883,3 millones de euros. Sin embargo, el informe también muestra que desde 2010, la asignación de recursos a Sanidad, Educación y Servicios Sociales ha disminuido en un 8,3%.

A pesar de que en 2024 el 62,2% del presupuesto canario se destina a políticas sociales, la comunidad se sitúa en el undécimo lugar en cuanto al gasto per cápita, con 3.363,3 euros por habitante. Comparando con el gasto en 2009, las islas han visto un aumento del 48,2%, lo que se traduce en 883,5 euros adicionales por persona.

En términos más específicos, se observa que el presupuesto destinado a la sanidad en los últimos cinco años ha crecido un 31,9%, con un aumento de 1.052 millones de euros. La educación ha visto un incremento del 35,2%, sumando 615,9 millones, mientras que los servicios sociales han experimentado un notable aumento del 71,5%, lo que equivale a 302,4 millones de euros.

En este marco, la Asociación ha planteado que el costo asociado al pago de la deuda de las comunidades autónomas, que ha experimentado un recorte de 2.364 millones en 2024, debería ser reallocado hacia áreas de políticas sociales. Este incremento en la deuda ha llevado el costo total a 40.640 millones de euros, lo que representa el 15,29% del presupuesto total de las comunidades, siendo el doble de lo que se gasta en servicios sociales y un 50% de lo destinado a sanidad.

Desde la Asociación señalan que la posible condonación de casi 85.000 millones de euros de esta deuda permitiría un robustecimiento significativo de las políticas sociales, incluyendo sanidad y educación, y la recuperación de los recortes sufridos en años anteriores.

Además, el informe revela que la desigualdad en las inversiones entre comunidades es evidente, con la Comunidad de Madrid liderando como la que menos recursos destina por habitante en políticas sociales, con una diferencia de 574 euros por debajo de la media nacional. Por otro lado, Navarra, País Vasco y Extremadura se destacan como las que más invierten por habitante.

A lo largo de los últimos años, se ha registrado un cambio preocupante: de cada tres euros en 2010, solo un poco más de dos se destinan a políticas sociales para 2024. Esto representa una disminución de 8 puntos porcentuales en el presupuesto dedicado a sanidad, educación y servicios sociales.

Los datos también reflejan que, a pesar del aumento general del presupuesto de las comunidades autónomas en 2024, el dinero asignado a políticas sociales se vio reducido, lo que ha generado preocupación entre los directores de servicios sociales.

Desde 2014 hasta 2020, se notó un crecimiento en los presupuestos de las comunidades, pero para 2024 y 2025 se anticipa una desaceleración por la falta de los Presupuestos Generales del Estado, continuando la tendencia a la baja desde 2010, donde el porcentaje del presupuesto dedicado a estas políticas era del 67,4% y ha caído al 59,1% en 2024.

A pesar del crecimiento de la inversión en servicios sociales durante la crisis sanitaria y social provocada por el COVID-19, los directores han resaltado que el incremento en este ámbito ha sido solo del 14,5% entre 2020 y 2024, en contraste con el notable aumento del 62% en otros tipos de políticas.

Aunque todas las comunidades han incrementado su inversión per cápita en políticas sociales, existen notables diferencias, donde Extremadura (+37,9%) y Canarias (+35,7%) destacan frente a regiones como Cataluña, Murcia y Madrid, que han mostrado un crecimiento menor.

Las variaciones en el gasto por habitante reflejan entre 2.703 euros en la Comunidad de Madrid y 4.500 euros en Navarra. En el caso del régimen común, sobresalen Extremadura (4.124 euros) y Asturias (3.960 euros). En el extremo inferior se encuentran Andalucía (3.158 euros), Cataluña (2.941 euros) y Madrid (2.703 euros).

Entre 2012 y 2024, se ha observado una disminución en el porcentaje de presupuesto destinado a sanidad, mientras que el de educación ha seguido una tendencia similar. Los servicios sociales, a pesar de ser la única política que ha visto incrementada su proporción presupuestaria, lo ha hecho de manera mínima.

Finalmente, aunque la estabilidad económica reciente ha autorizado un mayor gasto en diversas áreas, los directores han advertido que realmente, los fondos no se han dirigido adecuadamente a las políticas sociales, provocando que éstas sean gradualmente menos prioritarias en los presupuestos autonómicos.