Canarias se encuentra en una preocupante posición en relación a la inversión por habitante en dependencia, ubicándose en el penúltimo lugar con tan solo 138,2 euros, cifra considerablemente inferior a la media nacional de 240,5 euros. Por otro lado, en términos de inversión por persona potencialmente dependiente, el archipiélago se sitúa en la antepenúltima posición, con un total de 1.238 euros, según un estudio realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, publicado recientemente.

El gasto total certificado en Canarias el año anterior fue de 305,9 millones de euros, de los cuales el 28,5% fue aportado por el Estado (87,1 millones) y el resto por la comunidad autónoma (218,7 millones), aproximándose al promedio nacional.

Según el informe, algunas comunidades autónomas como Castilla y León, Galicia y Aragón han logrado aumentar su presupuesto para dependencia gracias al Plan de Choque aprobado por el Gobierno tras la crisis sanitaria. En contraste, tres regiones han reducido su gasto en atención a personas en situación de dependencia: Castilla y León (-34,7%), Galicia (-6,4%) y Aragón (-3,2%).

La desigualdad territorial en la inversión en dependencia es evidente, siendo País Vasco, Extremadura y Navarra las comunidades que más aportan por persona potencialmente dependiente y año. En el extremo opuesto se encuentran comunidades como Canarias y Galicia, con cifras significativamente inferiores a la media nacional.

El desequilibrio en la financiación autonómica frente a la estatal ha sido motivo de controversia, ya que algunas regiones han disminuido su aportación tras el incremento de fondos provenientes del plan de choque. Esta situación ha limitado la eficacia de los recursos destinados a la dependencia, afectando a miles de personas en lista de espera.

Ante estas cifras preocupantes, la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales ha destacado la importancia de garantizar los derechos de las personas en situación de dependencia, denunciando el incumplimiento de las Administraciones Públicas. Con casi 300.000 personas en listas de espera y un fallecimiento cada 15 minutos en medio de la burocracia de la Ley de Dependencia, es urgente abordar esta problemática de manera efectiva y comprometida.