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Política 1 de Junio de 2026 · 14:57h 2 min de lectura

Canarias exige información urgente sobre el impacto del Pacto Europeo de Migración

El Gobierno de Canarias ha reclamado formalmente al Estado información clave sobre la implementación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entrará en vigor el 12 de junio de 2026. La Comunidad Autónoma denuncia la falta de detalles sobre recursos y plazos, a solo 12 días de su entrada en vigor.

Este requerimiento se produce en un contexto de alta presión migratoria en las islas, que en los últimos cinco años ha registrado la llegada de más de 165.562 personas en 3.216 embarcaciones. La situación se complica por la llegada de menores migrantes no acompañados, con casi 3.000 bajo tutela autonómica, y una percepción de exclusión en la planificación nacional.

El Ejecutivo canario advierte que la falta de información puede generar un impacto negativo en la gestión de recursos y en la atención a las personas migrantes. Además, teme que las nuevas normativas puedan alargar los periodos de espera y crear obstáculos en los centros de acogida, aumentando la presión sobre los servicios sociales y de protección infantil.

Desde una perspectiva política, esta reclamación refleja las tensiones entre las comunidades autónomas y el Gobierno central respecto a la gestión migratoria. Canarias, como frontera sur europea, considera que su situación requiere una atención y planificación específicas, que todavía no han sido abordadas en el marco del Pacto.

El presidente regional, Fernando Clavijo, ha solicitado reuniones urgentes con el Ejecutivo central para definir recursos y mecanismos de distribución. La comunidad pide participar en los mecanismos de seguimiento y en el diseño de los planes de contingencia, para ajustar las políticas a las particularidades insulares.

De cara al futuro, la gestión migratoria en Canarias seguirá siendo un asunto de debate político y social. La región insiste en la necesidad de una estrategia conjunta que contemple sus especificidades, en un contexto de cambios normativos europeos y nacionales que demandan mayor coordinación y recursos.

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