Santa Cruz de Tenerife, 23 de diciembre. En una decisión relevante para la política de vivienda en el archipiélago, el Consejo de Gobierno de Canarias ha dado luz verde a un decreto que, tras pasar a revisión del Consejo Consultivo, establece un nuevo sistema para acceder a la vivienda pública. Este nuevo modelo elimina el sistema de sorteo, introduciendo la condición de residir en las islas durante un período de diez años, o quince si la residencia es discontinua.

El titular de la Consejería de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Pablo Rodríguez, ha anunciado que este cambio se basa en una "baremación objetiva" que evaluará la situación social, económica y familiar de los solicitantes, priorizando así las necesidades de los habitantes de la región.

Adicionalmente, se ha creado un registro único que prioriza la atención a los residentes, en un contexto de emergencia habitacional que afecta al archipiélago. Esta estrategia busca garantizar que quienes más lo necesitan tengan acceso a opciones de vivienda dignas.

Rodríguez también ha hecho hincapié en el incremento de "cupos protegidos", aumentando la representación de varios grupos. Así, la cuota destinada a jóvenes se eleva del 5% al 20%, la de mayores de 65 años del 5% al 10%, las víctimas de violencia de género del 5% al 8%, y la de personas con discapacidades del 5% al 10%.

Finalmente, el consejero destacó que estas medidas irán acompañadas de un enfoque en la "modernización del modelo constructivo". Se promoverán viviendas modulares y prefabricadas, las cuales se consideran adecuadas y dignas, en contraste con las infraviviendas del pasado, adaptándose a las características del territorio canario.