El 10 de diciembre en Santa Cruz de Tenerife, el Gobierno de Canarias ha promulgado una decisión trascendental al destinar una inversión plurianual de 1.132,4 millones de euros. Este importe está destinado a respaldar los convenios que gestionan el Sistema de la Dependencia en el archipiélago durante el periodo 2025-2028.

A este significativo monto se suma una contribución de 469,6 millones de euros que proviene de los cabildos insulares. Con esto, la inversión total para el sistema de dependencia y discapacidad en Canarias se eleva a 1.602 millones de euros, un esfuerzo considerable por parte del ejecutivo autonómico.

Candelaria Delgado, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, expresó en una conferencia de prensa tras el Consejo de Gobierno que este movimiento refleja el cumplimiento de uno de los compromisos establecidos por el presidente Fernando Clavijo al inicio de su mandato: "poner a las personas en el centro de nuestra gestión".

Delgado subrayó que se hace justicia a una deuda histórica, que también beneficia al tercer sector, asegurando la estabilidad y estableciendo reglas claras para la financiación y atención a la dependencia y discapacidad en todas las islas.

La consejera comentó además que el presupuesto aprobado incluye la obligación de mantener todos los servicios planificados con tarifas actualizadas, aplicadas con retroactividad a enero de este año.

El nuevo convenio de dependencia también busca promover la igualdad territorial al establecer criterios unificados para las listas de reserva y la acreditación de entidades del tercer sector, garantizando que la calidad de atención sea igual en todas las islas.

Según Delgado, este proceso ha sido documentado y ha contado con la participación activa de los cabildos y otros actores del sector, lo que marca un día histórico para la comunidad, al consolidar un sistema sociosanitario más equitativo, estable y sostenible.

Con la aplicación del nuevo convenio, los servicios que administra directamente la Comunidad Autónoma dejarán de aparecer en los acuerdos insulares. Esto incluye la teleasistencia, que ya ha sido contratada por la Comunidad, así como la atención a domicilio especializada en Lanzarote, Fuerteventura, La Gomera y Tenerife, que ahora será gestionada por el Gobierno de Canarias para asegurar un enfoque equitativo y cobertura integral.

Los precios se revisarán a coste real, utilizando un método basado en informes de costos insulares y un análisis independiente, lo cual es un avance significativo en la transparencia y eficiencia del gasto público.

Se introducirá asimismo un protocolo sociosanitario que regulará las altas hospitalarias y las urgencias sociales, buscando evitar la pérdida de financiamiento estatal y mejorar la coordinación con el sistema de salud.

Delgado indicó que el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social para el año 2026 ascenderá a 837,7 millones de euros, lo que representa un incremento del 8,2 %. Además, con la inclusión de fondos externos, podría llegar a 1.037 millones de euros.

La dependencia recibirá el mayor impulso en el próximo año, con 387,4 millones de euros, lo que implica un incremento del 30,4 %. Esto se traduce en más recursos para el cuidado intensivo y la mejora de los servicios destinados a personas dependientes y con discapacidad, según comentó Delgado.