Canarias destaca que la anulación del registro de alquileres refleja inseguridad jurídica

El Tribunal Supremo ha decidido anular el registro único estatal para alquileres de corta duración, una medida que genera incertidumbre y debate en Canarias. La comunidad autónoma señala que esta decisión confirma las alertas previas sobre la inseguridad jurídica y la invasión de competencias. La norma promovida por el Ministerio de Vivienda fue cuestionada por su falta de claridad y por la duplicidad administrativa que generaba.

Desde Canarias, las instituciones y el sector turístico advertían desde hace meses sobre los riesgos de implementar un registro que, según argumentan, no estaba respaldado por el marco europeo y que afectaba a pequeños propietarios y municipios rurales. La sentencia del TS confirma que el reglamento europeo no obliga a un registro centralizado y que la competencia sigue en manos de las comunidades autónomas.

El Gobierno regional considera que esta decisión judicial reafirma que las normas deben respetar el ordenamiento europeo y el reparto de responsabilidades. La consejera de Turismo, Jéssica de León, había expresado su preocupación por la inseguridad y los costes económicos que esta normativa imponía, así como por las dificultades para cumplir con los plazos establecidos por el Ejecutivo central.

Desde una perspectiva política, esta resolución evidencia las tensiones entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de regulación turística. Canarias ha defendido su autonomía y ha promovido una legislación propia para gestionar el alquiler vacacional, en consonancia con su peso económico y social en el sector.

De cara al futuro, la comunidad espera que el Gobierno central retome el diálogo para elaborar normativas que respeten las competencias autonómicas y eviten la inseguridad jurídica. La situación también plantea la necesidad de un marco regulatorio más claro y consensuado que beneficie a todos los actores implicados y garantice la sostenibilidad del sector turístico en Canarias.