En un anuncio significativo realizado este martes, el consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha informado que su administración ha tomado la iniciativa de encargar una “agenda de trabajo” a la oficina canaria en Bruselas. Esta medida tiene el objetivo de “explorar” la posibilidad de limitar la compra de viviendas por parte de extranjeros dentro del marco de la Unión Europea.

Durante una sesión en la que se abordó esta cuestión, Rodríguez fue cuestionado por el Grupo Nacionalista sobre la situación del mercado inmobiliario en el archipiélago. Afirmó que se enfrenta a una “emergencia habitacional”, consecuencia directa de la “escasez de oferta y el incremento de la demanda” que ha generado una presión adicional, especialmente por las compras realizadas por extranjeros no residentes, lo que a su juicio eleva el coste del metro cuadrado.

El consejero consideró “normal, lógico y oportuno” que en la próxima Conferencia de Presidentes se aborde el reto demográfico que enfrenta Canarias. Indicó que existen “islas y zonas superpobladas”, al tiempo que hay otras con una falta de población notable. Por esta razón, subrayó la necesidad de profundizar en el artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, el cual permite a Canarias reforzar su condición de región ultraperiférica, explorando la posibilidad de establecer alguna “excepcionalidad” en las políticas relacionadas con la vivienda.

José Manuel Bermúdez, representante de Coalición Canaria, también enfatizó que el acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los “mayores desafíos” de la actual legislatura, una situación complejizada por la naturaleza del “territorio limitado” que poseen las islas.

A pesar de que históricamente las Canarias se han presentado como una “tierra de acogida”, Bermúdez destacó que en las zonas del sur de Fuerteventura, Lanzarote, Tenerife y Gran Canaria, aproximadamente la mitad de las viviendas que se comercializan son adquiridas por extranjeros. Reconociendo las “limitaciones” impuestas por el Tratado de la UE que dificultan establecer “cualquier tipo de restricción” sobre el movimiento de capitales y la compra de propiedades, argumentó que es imperioso que el Gobierno canario tome acciones concretas para abordar la cuestión de las limitaciones en la adquisición de viviendas por parte de extranjeros no residentes.