Crónica Canarias.

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Canarias busca restablecer el equilibrio territorial con nueva ley turística.

Canarias busca restablecer el equilibrio territorial con nueva ley turística.

El Gobierno de Canarias, a través de la consejera de Turismo y Empleo Jéssica de León, ha anunciado el inicio del proceso de audiencia e información pública del anteproyecto de Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas el próximo miércoles 3 de abril. Esta ley, uno de los principales compromisos políticos de la legislatura, tiene como objetivo "recuperar el equilibrio territorial".

De León destacó que esta ley tiene un enfoque transversal, abordando competencias turísticas, vivienda, urbanismo, medio ambiente, protección del territorio y de los consumidores. Se trata de una normativa que involucra a todo el Gobierno de Canarias, liderada por su departamento.

La apertura del proceso de audiencia pública busca garantizar la participación ciudadana en lo que será la primera ley de la comunidad autónoma sobre esta materia, actualizando la normativa vigente desde 2015.

La consejera resaltó que en solo ocho meses se ha elaborado una ley para hacer frente al crecimiento del 37% de la oferta de viviendas vacacionales en Canarias, que actualmente suma 54,227 viviendas.

Una de las claves de la nueva normativa es que las viviendas de uso turístico solo serán admisibles si el planeamiento urbanístico lo permite de forma explícita y compatible con el uso residencial.

El objetivo principal es recuperar el equilibrio entre la actividad turística y la residencial, priorizando el bienestar de los ciudadanos canarios como base para satisfacer a los turistas que visitan las islas.

El anteproyecto de ley estará disponible para audiencia pública durante 20 días hábiles a partir del 3 de abril, buscando enriquecerlo con aportaciones de la ciudadanía y de los diversos sectores involucrados.

Tras las consultas realizadas con diferentes sectores profesionales e instituciones públicas, se espera contar con el informe definitivo para elevarlo al Consejo de Gobierno y luego al Parlamento de Canarias para su debate y votación.

Se espera que la declaración de urgencia de la ley en mayo, acelere el proceso para su aprobación y aplicación efectiva en la comunidad autónoma.