SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Mar.

Canarias bajó el año pasado un 28,9% la lista de espera en dependencia merced al primer año de despliegue del plan de choque puesto en marcha por el Gobierno central, según recopila el XXIII Dictamen del Observatorio Estatal de la Dependencia, elaborado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, y hecho público este viernes.

Además, las islas se ubicaron entre las diez comunidades que 'hicieron caja' y bajaron sus elementos propios en el sistema, dejando el gasto medio en dependencia por persona en 722 euros, solo por enfrente de Asturias.

Aunque en la escala de opinión Canarias se ubica como penúltima entre las comunidades autónomas, con 2,9 puntos, desde la asociación se valora que ha mejorado un punto en el último año, más allá de que el archipiélago prosigue a la cola en el tiempo medio de espera para la resolución de la prestación con 977 días.

Las islas fueron el año pasado la red social donde mucho más aumentaron la gente adjudicatarias de prestación, con un 29,5% mucho más, y se comprobaron mucho más servicios de los que había antes de la pandemia.

En cuanto al 'limbo de la dependencia', esto es, con mucho más personas atentos de recibir prestación, Canarias se ubica como la cuarta red social autónoma con un 16,93%. En total hay 17.285 personas en lista de espera de las que diez.214 están atentos de opinión.

El informe recopila asimismo que por cada millón de euros de gasto público en dependencia en Canarias se hicieron mucho más de 48 empleos.

En el grupo del país un total de 353.965 personas están esperando de recibir atención a la dependencia, 8.799 menos que en 2021 y este ritmo, "se tardarían 35 años en conseguir que no haya nadie aguardando algún trámite", apuntan desde la asociación.

Además, mucho más de 45.000 personas dependientes murieron en la lista de espera entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022.

En preciso, hay 131.810 personas aguardando a ser valoradas, 7.214 mucho más que las 124.596 del año previo, y 177.423 con el derecho reconocido pero en espera de recibir atención, 15.923 personas menos que el año previo. A estos se aúnan 22.829 personas con resolución de PIA y que no reciben prestación o servicio y 21.903 que las CCAA no han registrado y están atentos de apreciar.

"El aumento presupuestario del Gobierno de España no fué bastante para contemplar los objetivos del plan de choque: ni la reducción de la lista de espera ni el aumento en las magnitudes. Esto es formidablemente alarmante", ha manifestado el presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, este viernes, en rueda de prensa.

En preciso, lo ha atribuido a tres causas, la primera, la "desidia y también impericia de ciertas comunidades autónomas que no son diligentes" o están siento "tan tacañas que han recortado el presupuesto" pese a recibir mucho más fondos del Gobierno, exponiendo una actitud "inmisericorde".

Otro fundamento es, según indicó, la "telaraña burocrática" que se refleja en los 344 días que se tarda en recibir la atención, prácticamente un año. Y, en tercer sitio, ha apuntado visto que, del aumento presupuestario del Gobierno en 2022 para dependencia, se dejaran sin gastar 55 millones de euros.

Según el archivo, consultado por Europa Press, el 44,6% de la gente desatendidas (80.862) son dependientes con Grados III o II, o sea, tienen pretensiones de acompañamiento riguroso y continuado.

Aunque por normativa, el período máximo para solucionar un expediente se ubica en seis meses (180 días), hoy en día, se tardan 344 días de media, y cinco comunidades sobrepasan los 12 meses (Canarias, Andalucía, Murcia, Extremadura y Galicia).

En cualquier situación, el informe asimismo pone de relieve que hay 91.295 personas atendidas mucho más que a principios de 2022. En este sentido, los autores apuntaron que después de los años "catastróficos" de pandemia, "el plan de choque comprueba un cambio de inclinación".

Por territorios, las comunidades con mayor 'limbo de la dependencia', o sea, con mucho más personas atentos de recibir prestación, son: Cataluña (27,1%), La Rioja (18,9%) y País Vasco (17,5%); y las que menos, Castilla y León (0,18%), Castilla-La Mancha (3,71%) y Aragón (4%).

Por otro lado, los autores del estudio valoran que las posibilidades y servicios son de año en año "mucho más 'low-cost' y también deficientes" para las pretensiones de la gente en situación de dependencia. Así, por poner un ejemplo, apuntan que las posibilidades económicas por cuidados familiares tienen un importe medio por mes de 234,96 euros; y la prestación enlazada para abonar una plaza de atención residencial fluctúa entre 445,5 euros por mes (Nivel II) y 550,8 euros por mes (Nivel III).

Asimismo, agregan que la contribuye a residencia muestra unas magnitudes horarias medias de 33,45 horas por mes, 57,1 horas por mes para los enormes dependientes, lo que representa 2 horas y media del día a día de lunes a viernes, una intensidad "precisamente deficiente", según los autores del Observatorio.

Además, de los datos se desprende que, a lo largo del intérvalo de tiempo interanual comprendido entre diciembre de 2021 y noviembre de 2022 murieron 45.360 personas en las listas de espera de la dependencia --19.661 personas atentos de resolución de nivel de dependencia y 25.699 sin haber podido ejercer sus derechos--. Esto piensa que todos los días mueren mucho más de 124 personas dependientes sin haber llegado a recibir posibilidades o servicios. "Un 20% de personas han fallecido aguardando", han lamentado los autores.

Por otro lado, el dictamen mantiene que, por vez primera, el coste global del sistema superó los diez.000 millones de euros, llegando a diez.495 millones de euros; y añade que el coste directo de las posibilidades y servicios entregados a lo largo de 2022 sube a 9.717 millones de euros, de los que, 7.723 millones fueron asumidos por las Administraciones Públicas y el resto (1.995 millones) lo aportan la gente usuarias con apariencia de copago regulado (20,5%).

Del gasto público directo en dependencia en 2022, el informe precisa que la Administración General del Estado ha incrementado en 1.842 millones de euros la financiación, llegando al 33,9%, al tiempo que las CCAA han achicado su aportación y reducen su porcentaje de financiación hasta el 66,1%.

Los autores del estudio resaltan que el recorte juntado de la Administración General del Estado en dependencia, al que puso fin el Plan de Choque, fué de 6.321 millones de euros.

En este sentido, destacan que el Gobierno de España "cumple" con el incremento presupuestario del Plan de choque para la Dependencia pero "la burocracia y la impericia de ciertos gobiernos autonómicos no dejan poder el propósito de la reducción de la lista de espera, aumentar las posibilidades y servicios y no realizar el aumento presupuestario".

En preciso, denuncian que, en el primer año del plan de choque, diez gobiernos de comunidades autónomas "hicieron caja" con el aumento presupuestario: Aragón, Canarias, Castilla y León, Castilla La Mancha, Extremadura, Galicia, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

De este modo, los autores del informe señalan que "solo" hay 15.923 personas menos en lista de espera que, sumadas a las 38.807 del año 2021, no alcanzan las 60.000 que exponían como propósito el primer año, y informan que, al ritmo del último año se tardarían once años en poder la plena atención.