El Parlamento de Canarias ha dado un paso importante al aprobar la continuación del proceso legislativo para la nueva ley de ordenación del servicio público de comunicación audiovisual en la región. Esta decisión se tomó a pesar de que el PSOE y Nueva Canarias-Bloque Canario presentaron enmiendas que fueron rechazadas de manera contundente.

Lady Barreto, consejera de Administraciones Públicas, ha defendido la necesidad de esta ley, argumentando que su propósito es establecer un marco regulador claro y ordenado para los medios de comunicación en las Islas. Pese a contar con el respaldo del Consejo Consultivo y el Consejo Económico y Social, Barreto advirtió sobre ciertos artículos que podrían ser inconstitucionales.

Barreto aseguró que la nueva legislación busca garantizar el "pluralismo democrático" y se han incluido acuerdos con el principal sindicato de RadioTelevisión Canaria (RTVC) para asegurar que el personal no sea subcontratado. También se ha establecido que se respete la subrogación de los trabajadores actuales.

Barreto destacó la importancia de esta ley como una solución para una situación que se considera crónica. "Hoy es un día decisivo para asegurar que los ciudadanos canarios tengan acceso a un servicio audiovisual robusto y propicio", afirmó.

Sin embargo, la oposición no ha tardado en manifestar sus dudas. Carmen Hernández, representante de Nueva Canarias-Bloque Canario, acusó al Gobierno de llevar a cabo un proyecto de ley que considera "ilegal y antidemocrático", que erosiona el sistema democrático y que privilegia al Ejecutivo por encima de los intereses ciudadanos, especialmente en un contexto electoral cercano.

La diputada criticó que la nueva normativa diseñe una RTV Canaria bajo control político, lo que podría quitar el poder al Parlamento y concentrar la autoridad en una única figura designada por el Gobierno, eliminando así los balances y controles que deberían existir.

Desde la óptica de Hernández, la propuesta actual simplemente reproduce un bloqueo existente, pero con mayores beneficios para el Gobierno. A su juicio, se está despojando a la Junta de Control de su efectividad al otorgar "plenos poderes" al administrador general, lo que podría poner en riesgo la independencia de los informativos.

Lamentó la falta de búsqueda de consenso por parte del Gobierno y presentó una alternativa: una Junta de Control que incluya a representantes de todos los grupos parlamentarios de acuerdo con su representación política.

Nira Fierro, del PSOE, criticó lo que considera una falta de diálogo del Gobierno, afirmando que esta ley representa un claro ejemplo del modo autoritario de gobernar de Clavijo. La diputada cuestionó la premura con la que se quiere aprobar la ley y advirtió que se están ignorando las preocupaciones sobre la inconstitucionalidad de varios artículos.

Raúl Acosta, portavoz de AHI, defendió que la nueva ley representa una oportunidad para corregir las fallas en el control de RTVC, promoviendo un ambiente donde el pluralismo político y la representación territorial sean reales y efectivos.

Melodie Mendoza, de ASG, argumentó que es fundamental que RTVC funcione bajo una normativa que garantice la estabilidad en lugar de la provisionalidad que ha marcado su historia reciente. Afirmó que la nueva legislación busca un equilibrio entre eficacia y control, y no se trata de un intento de concentración de poder.

Desde Vox, Paula Jover expresó su preocupación por la posibilidad de que la nueva ley perpetúe una mayor dependencia del ente público hacia el Gobierno, lo que podría comprometer su independencia y llevar a programación sesgada.

Carlos Ester, representante del PP, criticó a la oposición por sus supuestas manipulaciones y defendió la nueva ley como una vía para "limpiar" el sistema actual que se basa en normativas obsoletas. Defendió el control parlamentario como una garantía de transparencia y responsabilidad en la gestión de RTV Canaria.

Finalmente, Vidina Espino, de CC, subrayó que esta ley es crucial para superar un estancamiento institucional que ha perdurado durante años, reiterando que se busca un consenso más amplio y criticando las contradicciones que han mostrado las formaciones opositoras en este proceso. Espino reiteró su compromiso con un marco regulatorio que proteja el carácter público de los servicios informativos.