• martes 31 de enero del 2023

Canarias aumentó en 8,21 millones su gasto en rentas mínimas de inserción tras implantarse el IMV, según un informe

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Por el opuesto, en el grupo de las CCAA se redujo en 247 millones

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA/MADRID, 30 Dic.

Canarias aumentó en 8,21 millones de euros su gasto en Rentas Mínimas de Inserción (RMI) tras la implantación del Ingreso Mínimo Vital (IMV), pasando de 42,82 millones de euros en 2020 a 51,04 millones en 2021, lo que piensa una subida del 19%, según un informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

En cuanto al número de perceptores, en las islas pasó de los 20.181 que había en 2020 a los 23.977 de 2021, datos que acarrean un incremento interanual del 19% con 3.796 adjudicatarios mucho más.

Mientras, el grupo las comunidades autónomas redujeron en 247 millones su gasto en RMI con la puesta en marcha del IMV, pasando de 1.969,2 millones de euros en 2020 a 1.721,79 millones en 2021, cantidades que representan una reducción del 13%.

El análisis declara que ciertas comunidades, como Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura redujeron sus capitales en torno al 50% o mucho más. No obstante, ciertas de ellas destinaron el "ahorro" que supuso el IMV, a programas de inclusión popular o a otras políticas sociales, como Castilla y León y Madrid, al paso que en otras supuso "sin más ni más" una reducción de su gasto popular, en un año marcado por la crisis sanitaria y popular.

Además, el informe apunta que el número de adjudicatarios de las Rentas Mínimas de Inserción se redujo en 150.000 personas en 2021 en relación a 2020. Así, la asociación demanda que "solo" el 7,1% de la población que vive bajo el umbral de la pobreza en España (645.317 personas) se favorece de estas rentas.

En preciso, de los datos se desprende que Castilla-La Mancha registra el mayor descenso porcentual del gasto en Rentas Mínimas de Inserción. La asociación advierte de que en esta red social como en Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura "las RMI son reemplazadas por el IMV".

Esta situación contrasta con otras como la de la Comunidad Valenciana, Cataluña y Canarias, donde estas rentas mínimas se han "reforzado" como complemento del IMV, con aumentos presupuestarios que en la situacion de ámbas primeras sobrepasan el 60%.

Esta situación de "retroceso", en unos casos, y de "refuerzo" en otros, se expone asimismo en la evolución del número de perceptores, donde exactamente las mismas comunidades que han achicado su gasto, dismuyen "de manera significativa" el número de personas adjudicatarias, hasta en un 73% en Castilla-La Mancha, en contraste con el aumento del 121% en la Comunidad Valenciana.

Además, en Navarra y País Vasco resaltan los superiores porcentajes de adjudicatarios en relación a su población bajo el umbral de la pobreza, 75,8% en Navarra y 55,8% en el País Vasco. Por el opuesto, la asociación comprueba la "extinción" de estas rentas mínimas en Castilla-La Mancha, con un 0,6% de adjudicatarios.

Respecto a la cuantía media por perceptor de las RMI en el grupo de España, Cataluña, Baleares, Comunidad Valenciana y Asturias son las que están sobre la media (que se ubica en el 15,9%). Por el opuesto, en Murcia, Madrid y Aragón el porcentaje que piensa la cuantía media de las RMI no consigue el diez% de la renta media por hogar en esas comunidades.

Para la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, estos datos ponen de manifiesto que "muchas comunidades han desmantelado o están desmantelando su sistema de protección a la gente y familias en ocasiones de exclusión popular" que, según informan, "no es exactamente lo mismo que pobreza", ya que no solo tiene relación a carencia material sino más bien a la acumulación de inseguridades y a la imposibilidad de salir sin apoyos de esa situación.

Según recuerda la asociación, la intención de las Rentas Mínimas de Inserción es hacer más simple la inclusión popular, con lo que tienen que orientarse a respaldar a la gente y familias con ayudas económicas y acompañamiento profesional.

Por ello, pide a las CCAA que, como ahora hicieron alguna de ellas, "destinen el 'ahorro' que ha supuesto la implantación del IMV a remarcar sus programas de inclusión popular que, por ejemplo causas, tienen la posibilidad de estar producidas por las ocasiones de pobreza prolongadas".

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