Canarias aprueba una ley del suelo más estricta para agilizar permisos y proteger el territorio
El Gobierno de Canarias ha aprobado una propuesta de actualización de la Ley del Suelo de 2017. La iniciativa busca simplificar y racionalizar la gestión del territorio, con medidas que afectan tanto a sanciones como a procedimientos administrativos.
Tras un proceso de participación que involucró a más de 700 profesionales en 17 foros, la propuesta se enviará al Consejo Consultivo para su análisis jurídico antes de su debate en el Parlamento, previsto para finales de julio. La reforma responde a la necesidad de afrontar retos como la protección del medio ambiente, la crisis habitacional y el impulso al desarrollo rural.
En materia sancionadora, se endurecen las penas por infracciones territoriales, incrementando las sanciones económicas y los plazos de prescripción, que pasan de cuatro a ocho años. Además, se amplía el plazo de actuación de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de seis a nueve meses, con la finalidad de evitar impunidades y promover el cumplimiento normativo.
Otra de las medidas relevantes busca reducir en un 40% la carga burocrática para la tramitación de planes generales, eliminando fases innecesarias y acortando los tiempos de aprobación. En paralelo, la ley establece un incremento en el porcentaje de suelo destinado a vivienda pública y fomenta la generación de suelo edificable a través de cesiones obligatorias.
Asimismo, se contemplan apoyos específicos para municipios menores de 10.000 habitantes, con mayores facilidades para la construcción en zonas rurales y la centralización de servicios básicos. En el ámbito agrícola, se promueven viviendas vinculadas a actividades agrarias y se refuerzan los regímenes de declaraciones responsables para facilitar la actividad emprendedora.
Este cambio normativo refleja el interés del Ejecutivo en responder a los desafíos territoriales del archipiélago, en un contexto de creciente demanda social y necesidad de equilibrar desarrollo y protección del entorno. La futura legislación pretende consolidar un marco más ágil, claro y justo, en línea con las políticas de sostenibilidad y cohesión territorial.