Los ciudadanos afectados por la erupción del volcán Tajogaite en La Palma expresan su frustración ante la lenta recuperación que atraviesa la isla, clamando por la implementación de una legislación integral que oriente adecuadamente el futuro de la región.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 de diciembre. Desde que cesó la actividad del volcán Tajogaite, oficialmente reconocido como terminado el día de Navidad de 2021, un sentimiento de inquietud ha empezado a permear entre los damnificados. La devastadora erupción hizo evidentes las deficiencias en la gestión de desastres volcánicos en un archipiélago cuya geografía está marcada por su naturaleza volcánica, dando pie a la necesidad de promulgar una ley específica en este ámbito.

A medida que los habitantes intentan asimilar las consecuencias catastróficas de la erupción, que duró 85 días y obligó al desalojo de unas 7.000 personas, con más de 1.200 hectáreas cubiertas de lava y aproximadamente 1.700 edificaciones destruidas —incluyendo más de 1.300 viviendas—, se inició la elaboración de una Iniciativa Legislativa Popular. Esta iniciativa fue presentada ante el Parlamento de Canarias en septiembre de 2023, logrando el respaldo de más de 19.000 ciudadanos que firmaron a favor de una ley que daría respuesta a sus necesidades.

La propuesta de ley ha recibido el respaldo unánime de los siete grupos parlamentarios, que se han comprometido con su tramitación. Sin embargo, los promotores de la iniciativa no lograron su objetivo de tenerla aprobada en la última sesión plenaria del mes de diciembre, en un intento de dar un mensaje esperanzador que coincidiera con el aniversario de la erupción.

Unos grupos parlamentarios han solicitado una prórroga para introducir nuevas enmiendas y correcciones al texto, algo que el portavoz de la comisión promotora, Juan González, considera positivo, ya que indica que los diputados están mostrando interés. Si bien el retraso en la aprobación podría ser desalentador, González espera que este proceso conduzca a un marco legal más sólido y beneficioso.

El principal objetivo de esta normativa es establecer una serie de derechos para los afectados por erupciones volcánicas, garantizando una recuperación justa y adecuada. Dada la existencia actual de un vacío legal, esta ley busca blindar la condición de los afectados, asegurando que las compensaciones recibidas se basen en el valor real de lo perdido.

Juan González, al referirse a la preocupación existente en la población, menciona la activa presencia del volcán de Enmedio y los recientes movimientos sísmicos en Tenerife, lo que ha incrementado los temores entre los ciudadanos. “Espero que la ampliación de esta ley sea un paso hacia una situación mucho más favorable”, expresa en una entrevista para Europa Press.

Diversos grupos parlamentarios han confirmado a Europa Press que se han solicitado extensiones hasta el 4 de febrero para la presentación de enmiendas, augurando que esto podría acelerar el trámite y eventual aprobación de la ley cuando se reanude el periodo de sesiones, dado que enero es considerado inhábil.

Con el tercer aniversario de la culminación de la erupción en el horizonte, Juan González comparte su descontento, reflejando que la situación actual es incluso peor, ya que las valoraciones de las propiedades siguen sin concretarse y aún no han recibido “pago alguno” por los daños sufridos.

A pesar de que algunos intentan justificar la lentitud del proceso, González sostiene que la situación ha permanecido en un estado similar, sin importar el cambio en la administración del Gobierno de Canarias. Aunque se han defendido tasaciones basadas en el valor real de las propiedades perdidas, persisten numerosos aspectos que requieren atención y que quedaron fuera del contexto de la catástrofe.

“Está todo muy, muy lento, y es extremadamente complicado recuperarse de esta tragedia”, concluye. Mientras tanto, en medio de la desilusión generalizada por parte de los afectados —quienes enfrentan la pérdida de sus hogares y muchos de ellos se encuentran alojados en casas prefabricadas—, el sector público continúa insistiendo en los esfuerzos de reconstrucción.

El Gobierno central, por su parte, destaca haber movilizado más de 1.000 millones de euros para la recuperación de la isla. Adicionalmente, el pasado lunes, en un Consejo de Ministros se aprobó la extensión de diversas ayudas, que incluyen ERTE, aplazamientos en las cotizaciones a la Seguridad Social, exenciones fiscales para residentes en áreas afectadas como La Bombilla y Puerto Naos, y moratorias en préstamos para agricultores que perdieron sus tierras.