El Servicio de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia, SAMVV 1-1-2, ha registrado en Canarias durante el mes de mayo 1.279 llamadas, lo que supone un ligero descenso respecto al mismo período del año anterior. Sin embargo, la cifra más preocupante es que el 63% (807) de las llamadas fueron de emergencia, un 5% más que el mes anterior, lo que denota situaciones de peligro inminente para la víctima.

Del total de llamadas, 274 (el 21%) corresponden a peticiones de información y 198 (15,5%) a situaciones de urgencia. En total, se han movilizado dispositivos de emergencia en 181 ocasiones y se ha procedido a la acogida de 28 mujeres y 18 menores que tuvieron que abandonar sus hogares para protegerse del agresor.

El 47% de los agresores son parejas y el 27% son exparejas. Además, el 27% de las alertas fueron dadas por personas que accidentalmente eran testigos de la violencia, mientras que en el 42% de las situaciones fue la propia víctima quien solicitó ayuda. En el 4% restante, la llamada fue realizada por algún miembro de la familia.

De las 1.395 llamadas recibidas en abril, 75 mujeres tenían discapacidad, de las cuales, 35 tenían discapacidad mental, 5 intelectual, 16 física orgánica y 14 física motora.

En cuanto a la edad, 25 de las mujeres maltratadas eran menores de edad, 258 tenían entre 18 y 35 años, 317 entre 36 y 55 años, 75 entre 56 y 75 años y 7 eran mayores de 76 años. En cuanto al tipo de violencia, el 44% fue violencia física y el 3% violencia física con agresión sexual. El 44% de las veces fue violencia no física y el 5% fue consultas. El resto fueron violencias no definidas y llamadas de coordinación.

Es preocupante que un 6% de las mujeres que pidieron ayuda al 112 ya contaban con una orden de protección. En general, los incidentes obligaron a movilizar 738 recursos policiales y 56 recursos sanitarios. Este servicio de atención telefónica se presta durante las 24 horas del día y los 365 días del año desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES 1-1-2), en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias y es financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI).