La presidenta del Parlamento de Canarias, Astrid Pérez, ha expresado su firme rechazo a la posibilidad de que los diputados de Tenerife continúen recibiendo dietas, especialmente considerando que algunos de ellos residen a tan solo veinte minutos a pie de la sede legislativa. Su postura fue comunicada durante una reciente entrevista en 'Radio Club Tenerife', donde analizó la situación con un enfoque personal, subrayando que, aunque las dietas están estipuladas en el reglamento, la capacidad de decisión sobre ellas recae en la Mesa del Parlamento, donde se siente un tanto aislada.

Pérez, en su discurso, destacó que el aumento en las dietas, que había estado congelado desde 2012, fue propuesto por algunos grupos parlamentarios, a pesar de la oposición de Vox. Esta subida se motivó por el incremento de precios en servicios que utilizan habitualmente los diputados, como la restauración y los alojamientos. Sin embargo, la presidenta enfatizó que es un despropósito que los representantes que viven tan cerca del Parlamento reciban estas compensaciones económicas.

La presidenta del Parlamento también cuestionó la creación de una jerarquía de 'diputados de primera y de segunda' en función de su lugar de residencia, enfatizando que todos deben tener los mismos derechos y condiciones, independientemente de la isla en la que vivan. A su juicio, los diputados de Tenerife no deben percibir dietas adicionales cuando muchos de sus colegas que residen en islas más alejadas sí enfrentan gastos considerables por alojamiento y comidas.

En sus declaraciones, Pérez planteó ejemplos concretos que subrayan su posición: "Estamos pagando dietas a los diputados de Tenerife por comer y alojarse, cuando en realidad están a solo 20 minutos caminando de su lugar de trabajo", mencionó. A la vez, dejó abierta la posibilidad de continuar con el régimen de dietas para aquellos que residen más lejos de la sede parlamentaria, como los diputados de La Gomera, Fuerteventura, y El Hierro.

La presidenta hizo hincapié en que algunos diputados de islas periféricas necesitan complementar sus sueldos para cubrir gastos de alojamiento y alimentación, citando los ejemplos de sus colegas en contextos económicos más desafiantes. "Los diputados de Tenerife, que viven a menos de 50 kilómetros del Parlamento, acaban ganando más por su situación geográfica", afirmó Pérez, dejando claro que esta desigualdad no le parece justa.

Además, reflexionó sobre el salario y las dietas del anterior presidente del Parlamento, Gustavo Matos, quien también residía en Tenerife, cuestionando la legitimidad de sus percepciones bajo estas circunstancias: “¿Cuánto cobró de dietas un presidente que podía dormir en su hogar?”

Pérez reafirmó su oposición a las dietas y propuso una eliminación radical de este régimen. En su defensa de una reciente subida de estas compensaciones, que incrementó los costes en un impresionante 131% en solo unos meses, Pérez defendió que cualquier ajuste a los precios debería ser justo y necesario, aunque también reconoció que las cifras actuales son alarmantes respecto a los gastos que se generan en su trabajo como diputada.

Como diputada por Lanzarote, recordó los cambios en los costos del transporte: “En 2011, un taxi de ida y vuelta desde el aeropuerto al Parlamento costaba 15 euros; hoy, el mismo trayecto se eleva a 21 euros, y las tarifas de hotel han pasado de 50 o 60 euros a 110 euros”.

Frente a esta situación, la presidenta ha abogado por un nuevo modelo que ajuste la compensación a la factura de los servicios realmente prestados, a pesar de que esto podría resultar en mayores costes para el Parlamento. “Vamos a cobrar todos igual, todos. Y luego, el Parlamento cubrirá la factura. ¿Que esto nos saldrá más caro? Desde luego”, enfatizó.

Por último, Pérez lamentó que el Parlamento no cuente con un apartamento de propiedad para que los presidentes que no son residentes en Tenerife puedan hospedarse, aclarando que actualmente se ve obligada a alquilar un alojamiento que financia con su salario. Reveló que en septiembre no cobró más de 13.000 euros, lo que alude a las limitaciones presupuestarias en la Cámara. Su salario se ajustó a poco más de 4.000 euros brutos al mes, a lo cual se suma un complemento de 'responsabilidad' establecido hace años, además de las dietas correspondientes.