La reciente debate sobre el presupuesto autonómico de 2025 en Canarias ha puesto de manifiesto las tensiones entre el Gobierno y las fuerzas de izquierda, que acusan al Ejecutivo de ser "insensible" y "tramposo" tras el incumplimiento de una promesa fundamental: la reducción del IGIC. La consejera de Hacienda, Matilde Asián, se ha defendido en medio de estas críticas, subrayando la importancia de mantener los servicios públicos a pesar de las dificultades financieras que enfrenta la comunidad.

En la presentación del proyecto ante la comisión de presupuestos, Asián resaltó la "incertidumbre" que impera en el panorama financiero actual, un clima que incluye limitaciones en el crecimiento debido a la regla de gasto y una disminución de las transferencias y fondos europeos. Este contexto desafiante hace aún más relevante la propuesta presupuestaria, que establece un gasto no financiero de 11.678,2 millones de euros, un aumento de 377 millones o un 3,3% respecto al año anterior, con 7,2 de cada 10 euros destinados a partidas sociales.

El presupuesto prioriza sectores como Educación, Sanidad y Servicios Sociales, añadiendo este año el acceso a la vivienda como una necesidad social crítica. En términos concretos, el Servicio Canario de Salud verá un aumento de 220 millones de euros, lo que representa un incremento del 5,04%. La Educación también recibirá más apoyo, con un incremento del 2,93%, mientras que Bienestar Social experimentará un crecimiento significativo con una asignación de 762 millones de euros, casi 59 millones más, lo que refleja un crecimiento del 8,37% en comparación con el presupuesto de 2024.

En lo que respecta a la vivienda, el Instituto Canario de la Vivienda ha observado un descenso significativo con la inclusión de una partida de 172 millones de euros, que supone un aumento del 11,15%. Sin embargo, la consejera también ha destacado que la reducción del IGIC del 7% al 5% se mantiene aplazada y solo se han realizado ajustes en el impuesto de actividades deportivas. Esto provoca preocupación, ya que los ingresos están previstos para crecer a un ritmo más lento, ya que el crecimiento económico no se anticipa como "robusto".

Raúl Acosta, de AHI, ha elogiado la "prudencia" del Gobierno al elaborar este presupuesto dadas las caídas en las transferencias y el inevitable "ajuste" en el gasto público. Esto refleja una necesidad urgente de enfrentar las deudas acumuladas a raíz de la crisis económica provocada por la pandemia. Asimismo, Melodie Mendoza, de ASG, ha expresado su gratitud por la decisión de no prorrogar los presupuestos anteriores y en su lugar crear uno nuevo, a pesar de las incertidumbres económicas a nivel nacional e internacional.

Por otro lado, Javier Nieto, de Vox, se ha mostrado crítico con el modelo presupuestario actual, tildándolo de "caducado" y afirmando que sus resultados son siempre los mismos, a pesar de las enormes sumas invertidas. Ha advertido sobre el riesgo que corre el estado del bienestar debido al "conformismo" del Gobierno al desarrollar estas cuentas, insinuando que faltan las ambiciones necesarias para afrontar los retos actuales.

Esther González, de NC-BC, ha manifestado su descontento hacia los presupuestos, describiéndolos como "opacos" y "mal elaborados", sugiriendo que están dejando de lado sectores vitales como el primario, las políticas de igualdad y la educación. Su frustración se centra en que el Gobierno había prometido reducir impuestos, a lo cual ha dado la espalda con la eliminación de deducciones para contrarrestar la inflación.

Fernando Enseñat, del PP, ha salido en defensa del presupuesto, resaltando que, a pesar de las críticas de la izquierda, se mantiene como una prioritaria garantía de los servicios públicos. Con una inversión proyectada que supera la de las legislaturas anteriores, ha asignado responsabilidad por la falta de mayores incrementos al "Gobierno de Pedro Sánchez", que no ha permitido la flexibilización de la regla de gasto.

El portavoz del Grupo Nacionalista, José Miguel Barragán, ha reiterado que los presupuestos priorizan las necesidades de la ciudadanía y han incrementado significativamente la inversión en servicios. También ha enfatizado la complejidad de elaborar cuentas en un contexto de alta incertidumbre internacional y cómo esto impacta la estabilidad económica de la región.

Por su parte, Manuel Hernández del PSOE ha calificado el presupuesto de "poco ambicioso" y ha acusado al Gobierno de estar en estado de "resignación", argumentando que las medidas planteadas no son suficientes para atender las demandas sociales y que reflejan una falta de valentía política. Esta visión crítica se complementa con una advertencia sobre la inejecución presupuestaria proyectada que podría superar los 800 millones, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del Ejecutivo para gestionar adecuadamente los recursos públicos.