En un reciente desarrollo que ha generado una controversia significativa, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional (Ascav) ha decidido elevar un recurso al Tribunal Supremo en contra del Real Decreto 1312/2024, fechado el 23 de diciembre. Este decreto establece un procedimiento de Registro Único de Arrendamientos, así como la creación de una Ventanilla Única Digital para la recolección y el intercambio de datos relacionados con los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración.

Ascav arguye que dicho registro, instaurado por el Gobierno de España, es “contrario” al reglamento 2024/1028 de la Unión Europea. La asociación recalca que para las viviendas de uso turístico, el decreto impone una duplicidad de registros, un hecho que, según afirma, está explícitamente prohibido por la normativa europea en vigor.

En un comunicado, la patronal enfatiza que las viviendas turísticas ya están registradas en los registros autonómicos pertinentes. Por lo tanto, forzarlas a realizar una nueva inscripción, esta vez ante el registro de la propiedad, “vulnera frontalmente la norma europea que prevalece sobre la legislación nacional” según interpretan.

Además, desde Ascav sostienen que el Real Decreto en cuestión infringe la Constitución Española, puesto que el Gobierno está asumiendo competencias que, en su opinión, corresponden exclusivamente a las comunidades autónomas en lo que respecta a la regulación y verificación de alojamientos turísticos.

La asociación critica el hecho de que el Gobierno haya designado a los registradores de la propiedad, quienes dependen del Ministerio de Justicia, para que se encarguen de la verificación de las viviendas de uso turístico, lo que a su juicio representa una violación de las competencias que pertenecen a las comunidades autónomas.

Ante la seriedad de la situación y el “perjuicio irreparable” que el Real Decreto podría ocasionar al subsector de las viviendas turísticas, así como su impacto negativo en la economía española en general, Ascav ha solicitado al Tribunal Supremo que emita una suspensión cautelar hasta que se emita una sentencia al respecto.

Adicionalmente, la Asociación ha presentado una denuncia formal ante la Comisión Europea por lo que consideran una violación de la normativa comunitaria por parte del Gobierno central. A su juicio, si la denuncia es admitida a trámite, España podría enfrentar un procedimiento de inspección. Si no se corrige la situación, esto podría resultar en sanciones económicas para el país.