LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Mar.

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias ha aprobado esta semana, de manera unánime, el informe sobre la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, un archivo que tiene como propósito primordial asegurar el reconocimiento y reparación ética de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

Según comunica el Gobierno regional, esta Comisión es un órgano colegiado de carácter técnico, consultivo y asesor del Gobierno de Canarias, encabezado por el asesor de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez.

Mientras, la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias es fruto de un trabajo enormemente participativo, en el que se ha procurado conseguir la situación y críticas de especialistas, asociaciones memorialistas, instituciones públicas y la sociedad generalmente.

Con este fin, antes de su elaboración se propuso un cuestionario que se publicó en el Portal de Participación Ciudadana del Gobierno de Canarias y que fue contestado durante más de 400 personas, siendo entre los procesos participativos mucho más basto de estos últimos años.

Igualmente, se han realizado talleres con especialistas a nivel autonómico y nacional sobre la materia e inclusive integrantes de la Dirección General de Memoria Democrática del Ministerio de Presidencia, tal como entrevistas particulares con los integrantes de nuestra Comisión Técnica.

Se ha analizado, asimismo, la contestación que otros territorios dieron a esta cuestión y, en función de ello, se han predeterminado tres enormes objetivos estratégicos que forman los fines a perseguir en este archivo.

En primer rincón, fomentar la investigación, la construcción de un relato común y la difusión de los hechos en temas de Memoria Histórica. En segundo, asegurar el reconocimiento y la dignificación de las víctimas de la guerra civil y el franquismo. Y, en tercer sitio, garantizar el acompañamiento institucional a la defensa de la memoria histórico-democrática.

De estos tres enormes objetivos penden siete líneas estratégicas, dieciséis líneas de actuación y hasta un total de 35 proyectos, todos ellos descritos con identificación de sus indicadores de cumplimiento, previsión de financiación, desenlaces aguardados y planificación o cronograma de su avance.

Con ellos, lo que se quiere es ofrecer cumplimiento a las obligaciones legales y a la realización de los principios enserio, justicia, reparación y no reiteración.

La viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, dijo que "no es un plan para la confrontación, sino más bien para el reconocimiento y la reparación, que da respuestas a reclamaciones extensamente demandadas por la ciudadanía y que resultan ser de pura justicia material (exhumación de las fosas, dignificación de las víctimas, investigación de la verdad de los menores sustraídos, aprobación del catálogo de vestigios franquistas, elaboración del mapa de espacios y sitios de memoria...)".

Con esta estrategia lo que se quiere es coordinar y asegurar el buen fin de todos y cada uno de los proyectos, constituyéndose en la plan de actuación de la Memoria Democrática en Canarias Su elaboración una parte de la obligación contenida en el producto 9 de la Ley 5/2018, de 14 de diciembre, de Memoria Histórica de Canarias y de reconocimiento y reparación ética de las víctimas canarias de la guerra civil y la dictadura franquista.

En dicho producto se establece, primeramente, que "el Gobierno de Canarias, a iniciativa de las consejerías eficientes en temas de memoria histórica, educación y bien común, aprobará la Estrategia para la Memoria Histórica de Canarias, con carácter bienal, donde se van a recoger los objetivos, las preferencias y la financiación que tienen que regir las actuaciones que se relacionan con la memoria histórica a efectuar por la Administración pública de la Comunidad Autónoma de Canarias".

Además, señala que "desarrollada la iniciativa de estrategia, y antes de su aprobación determinante por el Gobierno de Canarias, se someterá a informe de la Comisión Técnica de la Memoria Histórica sosprechada en el producto 11 de la presente ley, que va a poder ofrecer la incorporación de los objetivos y preferencias que estime precisos para una mejor coordinación de las actuaciones a efectuar por la administración pública de la red social autónoma y por el resto entidades públicas y privadas".

Por lo tanto, nace de un diagnóstico de pretensiones y nivel de cumplimiento de los fines recogidos en la ley autonómica, que son, al unísono, totalmente compatibles con los que se poseen en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.