Las Islas Canarias se posicionan en la cúspide de la lista de dependencia, con un alarmante 31,3% de personas en este estado, lo que equivale a más de 20.000 ciudadanos que aún no han recibido la asistencia que requieren. Además, ocupan el tercer lugar en el país en cuanto a tiempos de espera, con un promedio de 487 días para la tramitación de sus expedientes.

De acuerdo a un reciente informe de la Asociación de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, en los primeros nueve meses del presente año, 1.904 personas dependientes han perdido la vida mientras aguardaban en la lista de espera en Canarias.

El archipiélago canario no solo lidera en el número de personas atrapadas en el "limbo de la dependencia", sino que también se encuentra entre las regiones con menor inversión por dependiente, alcanzando apenas 1.339 euros. A pesar de esta sombría situación, destaca que Canarias ha visto un aumento del 18,5% en el número de beneficiarios de prestaciones, lo que contrasta fuertemente con la realidad de quienes aún esperan ayuda.

Un dato preocupante es que, en todo el territorio español, se reporta que cada 15 minutos una persona en situación de dependencia fallece sin haber recibido atención. En lo que va del año, el número total de personas en espera ha aumentado en 13.695, acumulando así 284.020 solicitudes pendientes hasta el 1 de octubre.

Este contexto ha llevado a la asociación a señalar un "cambio de tendencia" significativo: tras años de reducción gradual de listas de espera desde 2015, ahora se ha revertido esta situación, aumentando las cifras para el presente año.

El informe proyecta que para el 2025, 25.060 personas dependientes habrán fallecido sin recibir asistencia, de las cuales 13.713 estaban a la espera de ser valoradas y 11.347 esperaban una prestación a la que tenían derecho.

Las cifras son alarmantes, resaltando que 93 personas al día, es decir, una cada 15 minutos, mueren sin el apoyo adecuado. La mayor parte de estas muertes han ocurrido en comunidades como Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana, donde se concentra un significativo porcentaje de las pérdidas.

En cuanto a la demora en los trámites, la Asociación de Directores y Gerentes ha rechazado la idea de que haya una mejora en el sistema, señalando un incremento medio de 15 días en los tiempos de espera que llegó a 349 días. Critican además al Ministerio de Derechos Sociales por intentar minimizar la desatención al contabilizar únicamente a quienes exceden el plazo legal de 180 días para recibir el servicio.

La asociación también ha manifestado su desacuerdo con el enfoque "triunfalista" que algunas comunidades y el propio Ministerio han adoptado al referirse al aumento en el número de personas atendidas, argumentando que esto es lógico dado el elevado número de solicitantes en listas de espera.

Otro aspecto preocupante es la calidad de los servicios, que están siendo considerados "low cost" debido a la falta de financiación adecuada, lo que se traduce en una limitada oferta de prestaciones y servicios a pesar del aumento en el número de beneficiarios. Esto es evidente en el archipiélago, así como en otras comunidades que también muestran un notable incremento en la dependencia.

En el ámbito autonómico, además de Canarias, el País Vasco, Murcia y Cataluña presentan las mayores tasas de personas en situación de espera. Mientras tanto, comunidades como Aragón, Cantabria, Galicia y Navarra muestran cifras significativamente menores en este contexto.

La escasez de recursos se refleja en la disminución del número de plazas en residencias y centros de día, al tiempo que un porcentaje significativo de los beneficiarios no cuenta con los servicios básicos de teleasistencia. Una desafortunada paradoja en un sistema que debería estar centrado en la atención integral de las personas dependientes.

Finalmente, la crítica se extiende hacia el Ministerio de Derechos Sociales, a cargo de Pablo Bustinduy, quien es llamado a proporcionar mayor transparencia en las estadísticas de solicitudes pendientes, con el fin de enfrentar una crisis que sigue profundizándose en el ámbito de la dependencia en España.